La venta de tierras en Península de Magallanes que terminó con un decreto de excepción y un error catastral

El Gobierno de Santa Cruz envió este lunes a la Cámara de Diputados el expediente CAP N° 495.894/2023, que reúne todo el trámite por el cual la empresa Lacustre del Sud S.A. obtuvo autorización para vender tierras dentro del Parque Provincial Península de Magallanes a una sociedad de capitales extranjeros. Las actuaciones van desde la presentación del proyecto turístico original, en 2023, hasta los decretos de excepción firmados en septiembre de este año.

La pieza central es el Decreto 915/26, del 1° de septiembre, firmado por el gobernador Claudio Vidal y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes. La norma exceptuó "por única vez" la operación de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto provincial 0994/17, que establece que los predios adquiridos por extranjeros no pueden ubicarse en áreas protegidas, reservas ni parques provinciales. La adquirente es ASB Hospitality Calafate S.A.U., constituida en Buenos Aires el 27 de julio de 2026 por ASB Hospitality LLC, una sociedad de Dubái.

La Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Claudia Barros, avaló la excepción en su dictamen. Sostuvo que la Ley nacional 26.737 de Tierras Rurales, que dio origen al decreto de 2017, fue derogada por el DNU 70/2023. Según ese análisis, correspondía ponderar el interés público, el desarrollo económico y la generación de empleo. Los considerandos del decreto mencionan un "superlativo volumen de inversión" en moneda extranjera y la creación de empleo. El artículo 2° aclara que la excepción no podrá invocarse como precedente para otros casos.

Un error catastral y un nuevo decreto

Luego se detectó un error en la identificación catastral del terreno. Un nuevo decreto, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón a cargo del Ejecutivo, precisó que la operación comprende las parcelas G2, de 11 hectáreas, 71 áreas y 9 centiáreas, y G3, de 9 hectáreas, 28 áreas y 81 centiáreas. Ambas pertenecen a la Fracción G del Departamento Lago Argentino.

El proyecto comenzó en mayo de 2023. Ese año Lacustre del Sud, presidida por David Alejandro Laniado, presentó un "Master Plan" para un ecocentro de turismo de montaña en cuatro parcelas del área protegida. El Consejo Agrario Provincial (CAP) aprobó la primera etapa mediante la Resolución 390/CAP/2023. La Secretaría de Estado de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental en enero de 2025. En 2025 la empresa pidió además ampliar la capacidad de los alojamientos de 24 a 48 unidades por sitio. El CAP le respondió que esos cambios requerían una nueva evaluación ambiental.

En marzo de 2026 la firma ofreció la Parcela G al Estado provincial por USD 3.000.000, en ejercicio del derecho de preferencia. Según consta en el expediente, el Directorio del CAP informó que la Provincia no tenía interés en adquirirla.

En mayo, el presidente del CAP, Hugo Garay, autorizó la obra en esa parcela con la Resolución 185/CAP/2026. Días después, la Resolución 204/CAP/2026 declaró la autorización "transferible" a un nuevo titular, con la condición de que el proyecto no se modifique. El informe técnico de la Dirección Provincial de Áreas Protegidas fijó una superficie de ocupación de 10.958,49 metros cuadrados. El sector está clasificado como de alto valor de conservación en el ordenamiento de bosques nativos. La aprobación quedó sujeta a la ejecución de una faja de 30 metros para prevenir incendios.

El 5 de junio, Lacustre del Sud pidió autorización para vender la parcela a Ali Albwardy, radicado en Emiratos Árabes Unidos, y/o a Albwardy Investments. En esa presentación, el comprador se comprometió a ejecutar el proyecto aprobado.

El debate que se viene en Diputados

Con la documentación en su poder, la Cámara de Diputados deberá evaluar las actuaciones remitidas por el Consejo Agrario Provincial, organismo que actúa como autoridad de aplicación de la Ley 3.466 de Áreas Protegidas, y el alcance de las autorizaciones otorgadas sobre tierras ubicadas dentro de un parque provincial. Algunos legisladores podrían plantear la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para analizar el tema.

Otro aspecto que podría abrir debate es el carácter del decreto de excepción: aunque su artículo 2° establece que no podrá invocarse como antecedente, la figura podría ser citada en futuros pedidos de similar naturaleza. En caso de llegar al recinto, el tratamiento se daría en un escenario en el que el oficialismo no cuenta con mayoría propia.