La UNPA advierte por una crisis profunda: el Presupuesto 2027 deja a las universidades patagónicas sin los fondos que reclaman

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso destina alrededor de $7,3 billones a las universidades públicas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $11 billones. La diferencia, cercana a los $3,7 billones, se perfila como uno de los ejes más conflictivos del debate parlamentario.

En Santa Cruz, la discusión tiene nombre y apellido. La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Roxana Puebla, alertó sobre las consecuencias de la falta de recursos y confirmó que las universidades patagónicas se reunirán con legisladores nacionales.

Cuánto prevé el Ejecutivo y cuánto reclaman los rectores

El proyecto oficial contempla partidas para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Ese monto queda por debajo de lo que solicita el CIN, el organismo que nuclea a las autoridades de las casas de estudio públicas.

El 16 de septiembre, los rectores presentaron su propuesta ante diputados y senadores. Los $11 billones calculados incluyen la recomposición necesaria para aplicar de lleno la Ley 27.795, sancionada en 2025. La norma fija mecanismos de actualización para gastos de funcionamiento, recomposición salarial de docentes y no docentes, becas estudiantiles y recursos para investigación y equipamiento.

El planteo universitario no se limita a pedir más partidas de un año a otro: busca recuperar lo que la inflación licuó y sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

La UNPA alerta por una "crisis muy profunda"

La UNPA tiene unidades académicas en Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto San Julián. Su rectora advirtió que el sistema universitario podría enfrentar dificultades severas durante 2027 si no se aplican los mecanismos de financiamiento reclamados.

"Una crisis muy profunda para poder sostener la universidad pública", fue la advertencia de Puebla al analizar el escenario presupuestario.

La funcionaria confirmó que la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), que ella preside, convocará a diputados y senadores nacionales de las seis provincias de la región a un encuentro el 23 de octubre en Comodoro Rivadavia. El objetivo: discutir el Presupuesto 2027, las necesidades específicas de las instituciones del sur y el financiamiento de carreras estratégicas, infraestructura, investigación y equipamiento. La intención es elaborar una declaración conjunta para trasladar los reclamos al Congreso.

En paralelo, la diputada nacional santacruceña Ana María Ianni señaló que el proyecto prevé para la UNPA un incremento nominal del 34% respecto de 2026, aunque sostuvo que los recursos quedarían cerca de un 40% por debajo de las necesidades de la institución. Esa diferencia surge del análisis difundido por la legisladora, no de una evaluación independiente de los costos universitarios.

El fallo judicial que sumó otro capítulo

La discusión presupuestaria tuvo un nuevo episodio el martes 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la implementación de la norma sancionada por el Congreso, tras los reclamos judiciales de las universidades.

El Gobierno nacional anticipó que apelará la sentencia. Como se trata de un fallo de primera instancia, la controversia judicial puede continuar. El Presupuesto 2027 tampoco está aprobado: diputados y senadores podrán modificar las partidas durante el tratamiento parlamentario.

Para las universidades, el debate será determinante: deberá resolver qué recursos tendrán el año próximo y cómo se compatibilizará el presupuesto con las obligaciones que fija la legislación vigente. En Santa Cruz, la UNPA seguirá de cerca esa discusión mientras las universidades patagónicas buscan llevar sus necesidades al Congreso antes de la definición del presupuesto nacional.