La UE apura a las cerealeras y el mercado de soja entró en cortocircuito

Una exigencia ambiental europea que rige desde enero desató un cortocircuito en el mercado de granos: los exportadores avisaron que dejarían de comprar soja sin certificar y el comercio se trabó. La tensión se destrabó en una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El reglamento 1115/23 de la Comisión Europea puso una condición que complicó a toda la cadena: solo se podrá importar soja destinada a la elaboración de harina si cuenta con certificación ambiental. La medida entra en vigencia en enero y, como el grueso de la producción argentina cumple los requisitos de fondo pero no tiene los papeles en regla, el comercio se paralizó.

La semana pasada, los grandes exportadores multinacionales empezaron a transmitirle a corredores, acopios y cooperativas que dejarían de recibir soja sin la certificación exigida por Bruselas. La decisión cayó como un balde de agua fría entre los vendedores.

El detalle que encendió la mecha

La exigencia europea no alcanza a todos los usos del poroto: solo aplica a la soja que se destinará a harina. Tampoco rige para otros mercados que no imponen esas condiciones. Aun así, los exportadores decidieron extender el pedido de certificación a todas sus compras, lo que generó desconcierto y malestar entre los vendedores.

El impacto en los precios sumó nafta al fuego: la soja certificada se pagaba entre 10.000, 15.000 y 20.000 pesos más por tonelada. Hubo vendedores que quedaron atrapados en una situación incómoda: no podían colocar su grano y, al mismo tiempo, veían pasar mejores valores por el costado.

A eso se sumaron otras tensiones comerciales del momento, como los precios de las fijaciones de soja ya entregada, que resultan más caros que los del mercado disponible para entrega posterior. Las plantas necesitan liberar espacio en los silos porque tienen mucho grano acumulado.

Reunión clave en la Bolsa de Comercio

Para evitar que la situación escalara, el Centro de Corredores de Rosario le pidió a la Bolsa de Comercio de Rosario que convocara a una reunión con todos los eslabones de la cadena. Asistieron ejecutivos de todas las casas exportadoras, referentes del corretaje, acopios y cooperativas.

Según las voces que recogió Rosario3 entre los participantes, el encuentro fue provechoso y permitió bajar los decibeles. Los exportadores explicaron que ante la exigencia europea no tienen margen: necesitan la certificación de sus proveedores para cumplir con los compromisos de embarque tomados hacia fin de año, que llegarán a Europa a partir de enero.

También reconocieron que este tipo de requisitos suelen funcionar como barreras para-arancelarias de los grandes países compradores. Y recordaron que vienen advirtiendo desde hace años sobre la entrada en vigencia de las normas europeas: incluso financiaron una plataforma llamada Visec, que permite la trazabilidad y certifica que la producción proviene de áreas libres de deforestación. Sin embargo, su uso no se masificó.

Tras defender su postura, la mayoría de las firmas terminó cediendo y anunció que volverá a activar las compras de soja sin certificación. La excepción fue Dreyfus, que se mantuvo firme y advirtió que a partir de octubre solo recibirá soja con certificación para la UE.

Los traders aclararon que este grano tendrá un precio especial superior al convencional, tal como ocurre con la soja que se vende a Estados Unidos y exige otra certificación desde hace años. En la jerga del mercado ya se habla de “soja EUDR” para la europea y “soja EPA” para la que cumple con las exigencias del país del norte.

Los productores, por su parte, mantienen el ceño fruncido: más allá del Visec, deben contratar servicios de certificación que consideran caros en tiempos de márgenes ajustados. La firma Control Union, la preferida de los traders, es la más mencionada entre las opciones.

Entre los asistentes quedó instalada la idea de que el mercado deberá adaptarse a un “multi esquema” en el que convivirán sojas sustentables con distintos certificados y granos que no los tendrán.