La trataron como borracha en el Hospital Provincial y ahora tres médicos y una exdirectora deberán pagar

Un fallo judicial condenó a tres médicos y a una exdirectora del Hospital Provincial de Rosario por haber registrado como intoxicación alcohólica el ingreso de una colega que en realidad había sido drogada, asaltada y abusada sexualmente. El caso, que expone una cadena de omisiones en la atención de víctimas de violencia sexual, terminó con una indemnización por daño moral y una orden de capacitación obligatoria en perspectiva de género para todo el personal del establecimiento.

El juez Edgardo Bonomelli, a cargo del Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual Nº5, fue quien dictó la sentencia. Además de la reparación económica, dispuso que los trabajadores del hospital reciban formación en el marco de la ley Micaela.

Una noche que terminó en la calle

Todo ocurrió el 7 de julio de 2019. Gimena Corral, médica de profesión, había salido con dos amigas al bar Antares, que por entonces funcionaba sobre avenida Pellegrini. Cuando sus acompañantes se fueron, ella se quedó compartiendo la mesa con dos mujeres que no conocía, una práctica común en ese local.

Según su reconstrucción, no bebió en exceso y sospecha que las desconocidas pudieron haberle puesto algo en el vaso mientras ella fue al baño. Al volver, tomó un último trago y las mujeres se ofrecieron a llevarla a su casa. Las tres subieron a un taxi y, siempre según su relato, las desconocidas le robaron sus pertenencias antes de abandonarla en Maipú al 2200.

Allí, tirada en la calle, la encontró un grupo de vecinos. Estaba ensangrentada, con golpes visibles y la ropa interior rasgada. Llamaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El médico que llegó en la ambulancia la conocía de la facultad y consideró que estaba alcoholizada. La trasladó al Hospital Provincial, pero no advirtió al personal sobre la posibilidad de que hubiera sufrido una agresión sexual.

Seis horas de espera y un diagnóstico equivocado

En el hospital dieron por válido el cuadro de intoxicación alcohólica sin hacer los estudios que hubieran revelado su verdadero estado. Tampoco activaron el protocolo para víctimas de violencia sexual, que incluye anticoncepción de emergencia y prevención de infecciones de transmisión sexual. Gimena tenía 28 años, estaba en shock y no podía explicar lo que le había pasado.

Su madre llegó al hospital unas seis horas después del ataque. La encontró acostada en una camilla en un pasillo, todavía ensangrentada. Alarmada, levantó la sábana y le dijo a una enfermera que su hija había sido golpeada y que posiblemente había sido violada. También cuestionó que la trataran como a una paciente en coma alcohólico. La respuesta fue: "No, mamita, no tiene nada grave". La enfermera se retiró y, según el relato de la causa, la atención no cambió.

Horas más tarde, Gimena fue trasladada al Hospital Español, donde actualmente trabaja como médica. Allí le hicieron los análisis correspondientes y recibió la asistencia que necesitaba.

El agresor, identificado y condenado

La investigación penal permitió dar con el responsable del ataque. En diciembre de 2020 detuvieron a Claudio Aguiar, de entonces 36 años, en las inmediaciones de Santa Fe y Buenos Aires. Las cámaras de seguridad fueron clave: una grabación privada registró parte de la agresión. En las imágenes se ve a Aguiar llevando en brazos a Gimena, aparentemente inconsciente, hasta dejarla en el suelo. Luego se abalanzó sobre ella con tocamientos y besos. La joven intentó resistirse y escapar, pero el hombre la golpeó contra la fachada del edificio donde estaba la cámara. Finalmente, se fue. Aguiar fue condenado por los hechos.

La pelea que siguió

Para Gimena, la condena del agresor no cerró la historia. Consideraba que había sido revictimizada por el personal médico que debía asistirla y no reconoció los signos de una posible agresión sexual. Así lo explicó a La Capital María Victoria San Juan, una de las abogadas que llevó el caso junto con Paula Temperini.

"Sólo quería que sus colegas admitieran los hechos y que en el hospital se hicieran los cursos de género que corresponden al programa de la ley Micaela", relató San Juan. La abogada recordó que Gimena llegó al estudio en 2022, después de haber recurrido al Colegio Médico. "La doctora Paula Temperini y yo tomamos el caso, nos jugamos porque era un caso complejo, pero los argumentos eran irrebatibles", señaló.

Uno de los mayores obstáculos, según la letrada, fue que el reclamo parecía darse por terminado una vez que la Justicia penal había condenado al agresor. "Cuando Gimena contaba su caso, desde la Justicia y otras instancias le decían que el caso estaba cerrado desde lo penal, y que su agresor ya estaba preso. Ella sostenía que la habían revictimizado y quería ir un paso más allá", expresó San Juan.

Durante el juicio civil, la entonces directora del Hospital Provincial admitió que los médicos no aplicaron los protocolos porque consideraron que no existía una situación de abuso sexual. También reconoció que las capacitaciones en perspectiva de género que se habían comprometido a implementar nunca se hicieron.

El fallo y sus consecuencias

El juez Bonomelli consideró que hubo "una falla estructural" y violencia institucional. "Un estereotipo desplazó la posibilidad de investigar un abuso sexual: los profesionales atribuyeron su estado al consumo de alcohol y omitieron la atención que necesitaba", dijo la abogada San Juan.

La letrada destacó que "la primera respuesta del sistema de salud terminó convirtiéndose en una segunda experiencia de violencia para la mujer. Para Gimena la violencia más cruenta fue la ejercida por sus propios colegas, que la estigmatizaron planteando que era una borracha, era violencia institucional y había quedado impune".

La pericia médica determinó que la atención no agravó las lesiones físicas, pero la causa siguió su curso. "El juzgado hace lugar por el caso de violencia institucional y la revictimización, el daño sufrido por Gimena debía repararse aunque no hubiera un empeoramiento de sus lesiones. Lo que debía ser la primera respuesta reparadora del sistema de salud se convirtió en una segunda experiencia de violencia", señaló San Juan.

Durante el proceso, Gimena cursó largas jornadas con terapeutas y padeció síntomas de pánico. Sus abogadas sostuvieron que "hasta se sentía culpable".

Los cuatro condenados deberán pagar una indemnización por daño moral, más intereses, y acreditar la aprobación de la capacitación en género y violencia contra las mujeres prevista por la ley Micaela. Una evaluación de profesionales estimó que la pena podría alcanzar los 25 millones de pesos, aunque el monto final depende de instancias posteriores.