La tragedia del vuelo 2553 de Austral: las familias van por todo a la Corte

A casi 29 años del accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que despegó de Posadas rumbo a Buenos Aires y se estrelló en territorio uruguayo con 74 personas a bordo, los familiares de las víctimas buscarán que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise las absoluciones dictadas en la causa penal. Si las instancias locales se agotan, no descartan llevar el reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La confirmación llegó de boca de Silvina Rumachella, abogada querellante y hermana de Viviana Rumachella, una de las tripulantes que murió en el siniestro. La decisión se tomó después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificara las absoluciones que el Tribunal Oral Federal N° 5 había dictado en diciembre de 2021.

“Siempre están las expectativas de poder obtener, obviamente, un resultado distinto”, admitió Rumachella, aunque dejó ver el desgaste que acumulan casi tres décadas de expediente.

Un recurso que ya tiene fecha

Esta semana, según anticipó la letrada, la querella presentará un recurso extraordinario federal. Para poder hacerlo pidieron una prórroga, que ya les fue concedida por el volumen del material: “Son más de 50 cuerpos, más de 50 incidentes. Es mucho el material y el fallo también es extenso”, explicó.

Rumachella fue dura con la resolución de Casación. A su entender, el fallo sigue dejando a los familiares sin respuesta y vulnera sus derechos. “Se siguen lesionando derechos y garantías de las víctimas”, sostuvo.

La abogada aclaró que la intención de los familiares nunca fue salir del país con el reclamo, sino que se haga justicia en la Argentina y se establezcan las responsabilidades penales de cada uno. “Consideramos desde el inicio que había responsables con nombre y apellido”, remarcó.

Sin embargo, si la Corte no falla a favor, el camino podría seguir en el exterior. “Estimamos que, a la corta o a la larga, este caso seguirá el recorrido de otros tantos casos trágicos de la Argentina que terminarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó.

La pericia que cambió el rumbo

El corazón de los cuestionamientos de la querella está en cómo se valoraron las pruebas técnicas que terminaron descartando responsabilidades penales por el accidente.

La investigación oficial que se hizo en Uruguay había vinculado el siniestro con el congelamiento de los tubos Pitot, los sensores que informan la velocidad del avión. Ese informe también había señalado fallas en los sistemas de advertencia y en la preparación de los pilotos.

Pero durante el juicio oral se realizó una pericia cuyas conclusiones mayoritarias pusieron en duda que el congelamiento de esos sensores estuviera probado.

“Lo más grave, lo que reviste gravedad institucional, es cómo una pericia que se ordenó en el marco del debate oral dio vuelta el informe final de la comisión investigadora del accidente en Uruguay”, cuestionó Rumachella.

La abogada recordó que ese informe uruguayo se había hecho en el marco de un convenio internacional del que Argentina es parte, y sostuvo que sus conclusiones quedaron desplazadas por la interpretación que se impuso en el proceso judicial.

En la pericia participaron diez especialistas. Nueve de ellos —ocho designados por las defensas de los denunciados y por el Ministerio Público Fiscal— coincidieron en términos generales con la explicación que descartaba el congelamiento de los tubos Pitot. Un solo perito oficial respaldó la hipótesis de la investigación uruguaya.

Para la querella, esa diferencia fue clave porque permitió desarmar el vínculo entre las presuntas irregularidades de seguridad y las 74 muertes. “Lo que hicieron fue cortar el nexo causal en materia penal”, afirmó Rumachella.

La letrada también apuntó contra el tratamiento que se le dio a la falta de una luz de advertencia del sistema de calefacción de los tubos Pitot. Según explicó, la norma que exigía ese dispositivo regía desde 1988, pero no se cumplía del todo.

“Para nosotros el fallo es arbitrario y reviste gravedad institucional”, insistió.

Una acusación que quedó sola

Otro de los puntos que la querella cuestiona es lo que pasó con el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral de 2021.

En la instrucción, la Fiscalía había empujado la investigación y había apelado las decisiones que favorecían a los acusados. Pero en el debate oral, el fiscal Juan Patricio García Elorrio pidió las absoluciones por estrago doloso agravado al considerar que las pruebas no alcanzaban para probar las responsabilidades penales.

Esa decisión dejó a los familiares como los únicos impulsores de la acusación por las muertes. “La querella tuvo que sostener la acusación en total soledad, porque el fiscal no acusó”, recordó Rumachella.

Para la abogada, el perjuicio fue más allá de lo procesal. “Estuvimos en una situación de orfandad, no solo desde el punto de vista procesal, sino también moral, porque las víctimas no han estado acompañadas a la altura de lo que las circunstancias merecían”, manifestó.

También cuestionó que no se hayan aplicado criterios judiciales que sí se usaron en otras tragedias argentinas, y consideró que la causa no tuvo el trato que merecía por su gravedad.

Casi tres décadas sin condenas

Consultada sobre si todavía cree que la Justicia argentina puede darle una respuesta favorable, Rumachella fue sincera: después de tantos años de litigio, la desconfianza pesa.

“Si yo tuviera que dar una respuesta desde el punto de vista personal y profesional, no tengo ningún tipo de expectativa positiva en ese sentido”, respondió.

Pese a todo, aseguró que los familiares seguirán presentándose ante la Justicia para intentar revertir las absoluciones. “Seguiremos insistiendo, en este caso ante la Corte Suprema”, cerró.