La SRA se mete en la pelea judicial por la reforma laboral y pide un lugar en la causa contra el Gobierno

La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó un escrito ante la Justicia para respaldar la validez de la Ley de Modernización Laboral (27.802) y solicitar intervenir como tercero en la causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional. La entidad busca evitar que se suspenda la aplicación de la norma, que considera clave para el empleo y la producción.

En el expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, la SRA adhirió a la defensa del Gobierno respecto de la constitucionalidad de la ley. La entidad fundamentó su pedido en el impacto directo que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad podría tener sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario.

La SRA advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país. Además, respaldó la postura del Estado Nacional en relación con la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando que este tipo de causas “donde se discute la validez de una ley del Congreso” no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo.

Nicolás Pino, presidente de la SRA.

¿Por qué la SRA cuestiona la cautelar?

La entidad, que preside Nicolás Pino e integra la mesa de enlace, también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso. En relación con el fondo del asunto, sostuvo que la Ley 27.802 busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores.

“La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”, manifestaron. Finalmente, la SRA reafirmó “su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones”.

Fideicomiso y mantenimiento de rutas clave

Por otro lado, la SRA expresó su posición ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario. “En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustrial. En este sentido, destacamos el trabajo técnico e institucional que viene desarrollando la Bolsa de Comercio de Rosario, aportando diagnósticos y propuestas que contribuyen a visibilizar la magnitud de los desafíos logísticos en la región”, expresaron los ruralistas.

El estado de las rutas y accesos portuarios es un factor determinante para la competitividad del sector. “Por eso, consideramos fundamental que los productores agropecuarios formen parte activa de este tipo de iniciativas, participando en los espacios de discusión y construcción de soluciones que impactan directamente en su actividad”, afirmaron.

Sin embargo, advirtieron que “la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”. Asimismo, evaluaron que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral, en la que el Estado nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

“Reafirmamos nuestra disposición al diálogo constructivo con las autoridades y con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores”, concluyó el comunicado.