La sombra de un municipio salteño detrás de una usurpación en la frontera con Bolivia

Una familia salteña denuncia que desde 2007 le usurpan sus tierras en la frontera con Bolivia. Los ocupantes, vinculados a un municipio argentino, cultivan soja y papa que cruzan como contrabando. La Justicia, ¿mirará para otro lado?

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La sombra de un municipio salteño detrás de una usurpación en la frontera con Bolivia
La sombra de un municipio salteño detrás de una usurpación en la frontera con Bolivia

Una intrincada trama de tierras, documentos y cultivos ilegales se teje en la frontera de Salta con Bolivia. En el paraje Baúles, un centenar de hectáreas pertenecientes a una familia argentina fueron ocupadas por ciudadanos bermejeños, que además aparecen asociados en un catastro lindero a la Municipalidad de Orán con supuesta ciudadanía argentina. Las denuncias se acumulan desde 2007 sin que la Justicia logre frenar el avance.

Un entramado registral que despierta sospechas

Baúles, un paraje de 1.672 hectáreas ubicado en las serranías del oeste de General Mosconi, es el escenario de un conflicto que lleva dos décadas. La fracción mayor, de 1.103 hectáreas, pertenece a Lidia Nora Martell, pero unos 100 hectáreas ya fueron usurpadas por actores bermejeños. Estos ocupantes figuran en un catastro lindero, el 494 de San Martín, donde la Municipalidad de Orán aparece como dueña del 33,33% de las 662 hectáreas.

La cédula parcelaria revela una curiosa composición: Efraín Vidaurre Paniagua y Sara Condorí tienen cada uno el 16,66% de los derechos sobre la fracción indivisa, mientras que Héctor Raúl Guerrero posee el 28,57%, Hernán Hoyos el 2,94% y Héctor Rodolfo Garzón el 1,82%. Un contrato de compraventa certificado el 21 de abril de 2021 en el Registro Notarial Nº 9 de Orán indica que Hoyos cedió su porcentaje a Garzón, quien figura con DNI argentino.

Señalamientos y documentos bajo la lupa

Según las denuncias, Hernán Hoyos sería el principal impulsor de los avances violentos sobre la propiedad de Martell, mientras que Garzón sería el administrador de la Federación de Cañeros del Sur (Fecasur), con sede en Bermejo, Bolivia. Los DNI de ambos, con domicilios imprecisos en Aguas Blancas, están entre los más de 3.000 documentos que investiga el fiscal federal Ricardo Toranzos por presuntas residencias falsas.

También son señalados una hija de Hoyos y su yerno, Delfor Chavarría, ambos de Bermejo, como partícipes de la usurpación. La familia Martell denuncia que los ocupantes utilizan machetes, cuchillos y armas de fuego, y que cultivan soja y papa que luego cruzan a Bolivia como contrabando.

La voz de la damnificada

Carla Seoane Martell, hija de la titular registral, sigue presentando denuncias sin obtener respuestas. “Ya perdimos la cuenta de las denuncias que presentamos y se acumularon en fiscalías de la Justicia provincial y federal, como así también ante diferentes organismos provinciales y nacionales”, declaró a El Tribuno. A pesar de todo, confía en que el avasallamiento tenga un freno. “Estamos viendo voluntad en intervenciones de la Cancillería argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con actuaciones de la Comisión Nacional de Límites Internacionales y de Gendarmería Nacional, pero la zona necesita un camino que rompa su aislamiento”, afirmó.

La directora de Control y Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo, aseguró que se evalúan alternativas para dotar a la zona de una conexión vial con General Mosconi. El conflicto no se limita a Baúles: Finca Volcán SA reportó que siete catastros, que cubren 12.300 hectáreas, fueron invadidos por cañeros bermejeños en áreas como Churqui, San Telmo, Volcán, Porcelana, Polvareda y Chuschal. La empresa negó arrendamientos y alertó sobre el impacto en la seguridad jurídica y las inversiones.

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