La senadora correntina que dio el sí a la reforma de Salud Mental, pero con una condición

La senadora nacional por Corrientes Gabriela Valenzuela acompañó con disidencias el proyecto que busca reformar la Ley de Salud Mental Nº 26.657, y dejó sentada una exigencia: que el Estado garantice los recursos presupuestarios para que la normativa pueda aplicarse de punta a punta.

La legisladora de la Unión Cívica Radical lo planteó durante la reunión plenaria de las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado, donde se retomó el debate sobre los cambios al marco legal vigente.

Su postura no fue un rechazo. Acompañó la iniciativa, pero con una salvedad vinculada al financiamiento, que consideró una condición indispensable para el cumplimiento integral de las disposiciones previstas.

La posición quedó asentada al cierre del debate, cuando el proyecto fue pasado a la firma para avanzar con el dictamen correspondiente.

El pedido de Capitanich: frenar y ampliar el consenso

En la vereda de enfrente se ubicó el senador nacional por Chaco Jorge Capitanich, del bloque justicialista, quien consideró conveniente diferir el tratamiento de la reforma para analizar con mayor profundidad el alcance de los cambios propuestos.

El legislador advirtió sobre la complejidad de la normativa y planteó la necesidad de alcanzar un consenso amplio con los gobernadores y los ministros de Salud de las distintas jurisdicciones.

También subrayó que la evaluación debía contemplar la capacidad de financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos, dos puntos que ubicó como centrales para abordar una problemática que, a su criterio, requiere respuestas institucionales coordinadas.

Quiénes condujeron el debate

La discusión se desarrolló en una reunión conjunta de la Comisión de Salud, presidida por la senadora Ivanna Marcela Arrascaeta, de La Libertad Avanza (LLA), y la Comisión de Legislación General, encabezada por Nadia Márquez, también de LLA.

El reinicio del debate reunió a representantes de distintos bloques políticos y permitió exponer posiciones favorables, observaciones y pedidos de revisión sobre el texto sometido a consideración.

Los cambios clave que propone la reforma

La iniciativa contempla modificaciones en la conformación y el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, los criterios de internación, el tratamiento de las adicciones y las pautas para las altas médicas, entre otros aspectos vinculados con la atención de las personas con padecimientos de salud mental.

Internaciones involuntarias: se propone habilitarlas ante un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros, con criterios de intervención preventiva en lugar de exigir exclusivamente un peligro cierto e inminente.

Control judicial: se mantiene la notificación al juez y al Órgano de Revisión, aunque se elimina la autorización judicial previa, y ambos podrán intervenir y cuestionar medidas injustificadas.

Evaluación profesional: se establece la intervención de dos profesionales para indicar una internación: uno de ellos médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) y otro, preferentemente psicólogo.

Financiamiento y recursos sanitarios: se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental y adecuar los dispositivos de atención.

Telemedicina psiquiátrica: se habilitan las teleconsultas sincrónicas con psiquiatras para facilitar las evaluaciones y ampliar el acceso a especialistas en jurisdicciones con disponibilidad limitada.

Posiciones encontradas

Los impulsores del proyecto defendieron el deber de introducir modificaciones para responder a situaciones que consideran insuficientemente abordadas por el marco vigente. Otros legisladores, en cambio, insistieron en la importancia de examinar las condiciones necesarias para su implementación.

El argumento de Valenzuela

Al fundamentar su postura, Valenzuela manifestó que acompañaba el proyecto en disidencia y vinculó esa decisión con el reclamo de mayores garantías presupuestarias.

La senadora expresó que «es necesario para que la ley pueda ser cumplida en su totalidad». No rechazó la iniciativa: dejó asentada una posición diferenciada respecto de su acompañamiento, asociada a la necesidad de asegurar las condiciones materiales para su efectiva aplicación.

La defensa de Arrascaeta

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Marcela Arrascaeta, defendió la continuidad del tratamiento y destacó la participación de especialistas y representantes convocados durante las instancias previas de discusión. Afirmó que el proyecto «fue debatido por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques».

También remarcó que el proceso de elaboración había incorporado aportes de distintas jurisdicciones y subrayó la intervención provincial en el análisis de la iniciativa.

«Esta reforma no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores, tuvimos 16 informes de provincias y no podemos seguir esperando que la situación se agrave. Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola, es por eso que necesitamos tratar este dictamen que se puso a circular», manifestó Arrascaeta.

La titular de la Comisión de Salud defendió el avance del texto y vinculó la reforma con el deber de ofrecer respuestas ante situaciones complejas que afectan a las personas con padecimientos de salud mental y a sus familias.