La ruta le ganó al expediente: el giro que cambió el mapa de la zona franca en Catamarca

Fiambalá tenía las razones, pero no los papeles. Y cuando la zona franca parecía destinada a Tinogasta, un piquete de 48 horas en la ruta nacional 60 revirtió la historia. El Gobierno nacional y el provincial terminaron cediendo a la presión y abrieron la puerta a una sede en la localidad que ni siquiera había presentado la solicitud en tiempo y forma.

La creación de la zona franca en Catamarca se remonta a 1994, cuando el entonces gobernador Arnoldo Castillo firmó con el presidente Carlos Menem el convenio de adhesión a la ley nacional 24.331. Pero la Provincia perdió el derecho al no cumplir con el plazo para las obras, y la Nación declaró la caducidad en 2010. Las gestiones se retomaron en 2015, aunque sin avances concretos hasta hace un mes, cuando Raúl Jalil y Javier Milei reiniciaron aquel convenio.

El 28 de agosto pasado, ambos mandatarios firmaron el acuerdo para crear la zona franca en Tinogasta. En la práctica, representó el levantamiento de la caducidad dispuesta por la Nación. El texto que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura destaca que la localización en ese municipio “resulta especialmente conveniente en atención a sus antecedentes históricos, logística y el grado de avance de la infraestructura existente”.

Tinogasta había hecho los deberes: cerró un predio de 20 hectáreas en el distrito Santa Rosa, en inmediaciones del aeródromo, y tendió una red de energía de alta tensión para conectar el parque industrial con la futura zona franca. Fiambalá, en cambio, nunca había movido un expediente.

El silencio que se rompió tarde

Durante la última década, ni los sucesivos intendentes de Fiambalá, ni sus legisladores provinciales, ni las fuerzas vivas mostraron interés en sumarse a la zona franca tinogasteña. Recién lo hicieron cuando la adhesión al convenio estaba a horas de la media sanción en el Senado provincial.

El intendente Raúl Úsqueda (UCR-Juntos por el Cambio) primero celebró el convenio en un posteo de Facebook: “era una gran noticia para el Oeste catamarqueño”. Después, el 9 de septiembre, pidió por nota al Gobierno provincial que la zona franca se instale en Fiambalá. El 11 el Ejecutivo mandó el proyecto a la Legislatura sin cambios. Y el Senado lo aprobó en la sesión del jueves 17.

El clima político se caldeó. El exsenador Mario “Baby” Quintar, también radical, calificó la decisión del oficialismo como “una trastada muy grande hacia el pueblo de Fiambalá”. Fátima Haddad, presidenta de la Cámara de Turismo fiambalense, recordó que esa localidad esperó años la oportunidad, pero “ser pacientes no significa que seamos sumisos”. “Hoy, Fiambalá levanta su voz y dice basta”, agregó en declaraciones radiales.

La protesta que lo cambió todo

El martes 22, la ruta nacional 60 amaneció cortada. Los vehículos mineros quedaron retenidos y las emergencias pasaban cada 20 minutos. La consigna fue tan explícita como temeraria: “Sin zona franca, no hay minería”. Un reclamo por inversiones se convirtió en una amenaza a la principal actividad económica del departamento, la misma que la zona franca pretende potenciar.

Entre los promotores de la protesta circularon los nombres del propio Úsqueda, Quintar y hasta la exintendenta peronista Roxana Paulón, designada como asesora en la cartera política del Gobierno, quien no obstante no fue vista en el lugar.

El lunes, el gobernador Jalil sostenía que la zona franca ya no podía moverse de Tinogasta porque había nacido allí hace 30 años. El martes, tras el corte, anunció que gestionaría ante Nación una sede en Fiambalá. El miércoles ya hablaba de un preacuerdo con el secretario de Comercio. Habían transcurrido solo 48 horas. El mensaje que quedó fue que la ruta funciona mejor que el expediente.

El costo de esa lección no se mide solo en Fiambalá. La Ley 24.331 permite una sola zona franca por provincia, y su viabilidad depende de cumplir plazos que Nación controla. Catamarca ya perdió una vez este beneficio por dejar vencer esos plazos. Además, la extensión acordada ya no alcanza solo a Fiambalá: el Gobernador confirmó que también se gestiona una sede en El Pantanillo.

Según confiaron fuentes oficiales a INFORAMA, la extensión de la zona franca a Fiambalá no requiere una modificación del texto con media sanción del Senado y hoy en poder de Diputados; solo alcanza con una aclaración en el reglamento que debe redactar el Ejecutivo provincial una vez aprobada la ley.

Las extensiones o “subzonas” de Fiambalá y El Pantanillo tendrán los mismos beneficios impositivos que la zona franca de Tinogasta. Incluso podrían ser complementarias, ya que está previsto que el “Duty Free” se instale en el Paso San Francisco, mientras que los galpones de almacenamiento podrían estar en el predio industrial de Tinogasta.

Qué gana y qué no una zona franca

Una zona franca es un área delimitada donde la mercadería queda fuera del control aduanero habitual. Los beneficios concretos son:

- La mercadería que ingresa desde el exterior no paga derechos de importación ni otros tributos aduaneros, salvo las tasas por servicios efectivamente prestados.

- Los servicios básicos dentro del predio están exentos de impuestos nacionales: telecomunicaciones, gas, electricidad, agua, cloacas y desagües.

- La mercadería puede quedar almacenada hasta cinco años y nacionalizarse a medida que se necesita. Esa modalidad es la que más interesa a la actividad minera para sus insumos.

- Se permiten actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales. El objetivo declarado para Catamarca es una zona franca mixta, comercial e industrial.

El régimen también tiene límites:

- Lo que se produce industrialmente solo puede exportarse a terceros países.

- Lo que sale hacia el mercado interno paga como una importación.

- Los usuarios no pueden sumar beneficios de otros regímenes de promoción.

- El convenio compromete a Catamarca a no eximir impuestos provinciales, salvo las tasas por servicios, y a acordar el mismo criterio con los municipios. Ingresos Brutos y Sellos siguen vigentes.

La explotación será privada o mixta. Las obras quedarán a cargo de un concesionario elegido por licitación pública nacional e internacional. En Argentina hay cinco grandes operadores de zonas francas. Uno de ellos es la Corporación América, de Eduardo Eurnekian, a cargo de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, entre otros negocios.

Miserias al desnudo

Cuando le consultaron al gobernador Jalil por qué había cedido a la presión del piquete en la ruta 60, respondió que su responsabilidad política es “unir a los pueblos, no separarlos”. Nada que reprocharle al respecto. Sin embargo, sigue haciendo ruido el método de negociación de las autoridades, políticos y dirigentes de la sociedad civil de Fiambalá para lograr algo que demanda trabajo en serio.

La política del barro tiene una lógica simple: quien grita más fuerte consigue más. Funciona a corto plazo y sale cara después. Tinogasta y Fiambalá comparten departamento, ruta, economía minera y el mismo paso hacia el Pacífico. Una zona franca bien administrada puede beneficiar a las dos. Siempre que no la consideren un botín político.

Ahora, con la extensión ya encaminada, habrá que ver si los mismos sectores que eligieron la ruta van a sentarse en la Comisión de Evaluación, en el Comité de Vigilancia y en las mesas técnicas donde se definirá si esto funciona o no.

Terminó la puesta en escena de la victimización. Comienza el tiempo de los hechos.