La Ruta 9 pasa a manos privadas: cuántos kilómetros quedan bajo concesión
El corredor que conecta con el aeropuerto cambió de administración y ya se define el esquema de peajes. Hay un requisito que la empresa debe cumplir antes de cobrar la tarifa plena.
La Ruta Nacional 9 y el acceso al aeropuerto Benjamín Matienzo quedaron bajo concesión privada. El Gobierno nacional adjudicó el Tramo Noroeste de la Red Federal de Concesiones a Autovía Construcciones y Servicios (ACS), del Grupo Cartellone, que reemplazará a Corredores Viales en la explotación del corredor.
El tramo concesionado abarca casi 596 kilómetros que atraviesan Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En territorio tucumano, incluye la Ruta Nacional 9 desde el límite con Santiago del Estero hasta el límite con Salta, y toda la Ruta Nacional A-016, que conecta la capital con el aeropuerto.
Qué implica el cambio para los conductores
La nueva concesionaria tendrá a su cargo la explotación, conservación, mantenimiento y reparación de las rutas. El contrato prevé una duración de hasta 30 años, con inversiones privadas y sin aportes ni subsidios del Estado nacional, según informaron tras la adjudicación.
Uno de los puntos que más expectativa genera es el cobro de peajes. El contrato estipula que "las compañías cuentan con la previsión para instalar nuevos peajes y aplicar actualizaciones tarifarias regulares". Se mantendrán las estaciones existentes y habrá una tarifa de referencia fijada en el proceso de concesión, con modificaciones en la modalidad de pago y actualizaciones de valores según lo establecido en el contrato.
Sin embargo, la tarifa plena recién se cobrará cuando la empresa cumpla con ciertas condiciones iniciales: deberá hacer trabajos de puesta en valor, mantenimiento y rehabilitación de calzadas y banquinas, y completar la señalización antes de avanzar con el esquema previsto en los pliegos.
La medida se enmarca en un plan del Gobierno nacional para transferir al sector privado más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Para los tucumanos, el cambio más visible es que uno de los corredores más utilizados de la provincia dejará de estar bajo la órbita estatal y pasará a ser administrado por una empresa privada, con peajes y nuevas obligaciones de mantenimiento.