La Rioja ya tiene presupuesto 2027: la cifra que quedó habilitada para emitir y que nadie esperaba
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La Rioja ya tiene presupuesto 2027: la cifra que quedó habilitada para emitir y que nadie esperaba

$224.000 millones para Letras del Tesoro y una referencia que el texto deja abierta: qué instrumentos podría volver a usar la Provincia en 2027. La discusión recién empieza.

El Ejecutivo provincial puso sobre la mesa de la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública para 2027. La iniciativa, que ingresó el 30 de octubre de 2026, contempla gastos por $2.510.463 millones frente a recursos estimados en $2.533.912 millones, lo que arroja un resultado financiero superavitario de $23.448 millones.

El texto se armó siguiendo las pautas macrofiscales del Gobierno nacional: prevé una inflación del 18% y un tipo de cambio nominal de $1.847,60 por dólar. En el mensaje de elevación, el Gobierno de Ricardo Quintela describe un contexto de restricciones financieras, cuestiona la baja de los recursos nacionales que recibe la Provincia y vuelve a reclamar el equivalente al 1% de la coparticipación federal que La Rioja afirma haber perdido desde 1988, un reclamo que hoy está judicializado.

En qué se gasta la mayor parte

Del total previsto, $2,23 billones corresponden a gastos corrientes y $277.460 millones a gastos de capital. La asignación más abultada es para Servicios Sociales, con $1,247 billones. Detrás aparece Administración Gubernamental, con $940.866 millones.

Más atrás se ubican Servicios Económicos ($157.072 millones), Servicios de Seguridad ($154.339 millones) y Deuda Pública ($10.763 millones). El esquema deja ver el peso del funcionamiento de la administración y de las políticas sociales dentro de las cuentas provinciales.

En inversión, el Ejecutivo admite que la disponibilidad de recursos limita la obra pública y plantea priorizar los proyectos de mayor impacto, con foco en infraestructura sanitaria, educativa, vial y de servicios básicos. Entre las obras mencionadas figura la continuidad del Hospital Regional de Chilecito, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal y una inversión superior a los $6.000 millones. También se incluyen intervenciones en hospitales, centros de salud, escuelas, pavimentación y redes de infraestructura.

La meta de las 500 viviendas

El capítulo de Vivienda, Tierras y Hábitat Social fija como objetivo entregar 500 viviendas nuevas durante 2027 y mejorar las condiciones habitacionales de familias que ya tienen una casa pero conviven con problemas sanitarios, de higiene o hacinamiento.

La planificación prevé iniciar la construcción de 209 viviendas financiadas íntegramente con fondos FONAVI, dentro del programa provincial de obras. También avanzar con la construcción y terminación de viviendas urbanizadas en terrenos estatales, vinculadas en origen a programas nacionales como Casa Propia-Construir Futuro y Procrear II, además de finalizar las unidades del programa Reconstruir.

El plan suma soluciones para familias de bajos recursos a través de módulos, baños, cocinas, dormitorios, ampliaciones y refacciones. Para quienes tienen terreno propio se contemplan créditos hipotecarios para construir o ampliar, créditos llave en mano y módulos habitacionales.

Otro eje es la ejecución de lotes con servicios en Capital y en el interior provincial, con fondos FONAVI, para localizar futuros programas. El documento también plantea regularización dominial, mejores mecanismos de inscripción y selección de postulantes y la actualización de los registros de demanda habitacional en los departamentos. Se agrega la construcción de un modelo de hogar de tres dormitorios y políticas específicas para barrios populares, asentamientos y familias en situación de vulnerabilidad.

Letras del Tesoro y la pregunta que sobrevuela

El artículo 14 es uno de los que más discusión va a concentrar: fija un monto nominal de hasta $224.000 millones para la emisión de Letras del Tesoro provinciales y otros medios sucedáneos de pago durante 2027, con el objetivo declarado de cubrir deficiencias estacionales de caja.

La redacción deja abierta una incógnita sobre los instrumentos que podría usar la Provincia. El proyecto no menciona expresamente los BOCADE ni los Chachos, pero la referencia a otros medios sucedáneos de pago obliga a preguntarse qué alternativas contempla el Ejecutivo y si existe la chance de volver a instrumentos de características similares.

El artículo 15 autoriza a afectar o ceder derechos de la Provincia sobre recursos de coparticipación federal para garantizar las obligaciones ligadas a esas operaciones. El artículo 16, en tanto, habilita al Ejecutivo a hacer operaciones de crédito público por hasta $60.000 millones para asistir a sectores de la economía provincial y financiar obras de infraestructura. Es una autorización independiente de los $224.000 millones del artículo 14.

En el esquema general, el proyecto también estima un endeudamiento público e incremento de otros pasivos por $1,35 billones. Será uno de los números que exigirá atención durante el tratamiento, sobre todo para conocer su composición, destino y modalidades de financiamiento.

Una comisión para controlar las modificaciones

El artículo 6 propone crear una Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario en la Cámara de Diputados. Tendrá entre sus funciones aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias que proponga el Ejecutivo y monitorear la ejecución del presupuesto.

La integrarán el presidente del bloque mayoritario y otros dos legisladores designados por la Cámara. Contará con un plazo de diez días para aprobar o rechazar las modificaciones; vencido ese término, se considerarán aprobadas.

En las disposiciones generales también figuran un crédito de $70 millones para atender sentencias judiciales, un gasto tributario provincial estimado en $560.336 millones y la autorización para que el Nuevo Banco Rioja transfiera al Tesoro Provincial las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio.

Un presupuesto marcado por la escasez de recursos

En la fundamentación política, el Gobierno provincial sostiene que la reducción de transferencias y recursos nacionales obliga a administrar con prudencia los fondos disponibles. La prioridad declarada son los salarios, los servicios esenciales, la educación, la salud y la seguridad, además de la asistencia a los sectores vulnerables y el sostenimiento de la actividad económica.

El Presupuesto 2027 dibuja, en definitiva, un escenario de fuerte dependencia de los recursos disponibles, con una estructura de gastos corrientes pesada y una inversión pública condicionada por las posibilidades de financiamiento. Al mismo tiempo, incorpora metas habitacionales, herramientas para construir y mejorar viviendas y amplias facultades financieras para el Ejecutivo.

La discusión legislativa tendrá varios frentes: el volumen de endeudamiento previsto, el alcance de las autorizaciones financieras, el eventual uso de instrumentos alternativos de pago, el financiamiento de las 500 viviendas proyectadas y los mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos públicos.

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