La Rioja va a la Justicia por fondos viales que terminaron en plazos fijos
Si manejás por rutas nacionales, esto te toca de cerca: acusan al Gobierno de desviar plata del impuesto a los combustibles que debía ir a mantenimiento vial. ¿Dónde fue a parar?
La Justicia Federal admitió a la provincia de La Rioja como querellante en la causa que investiga la presunta retención y desvío de fondos destinados al sistema vial. Así lo confirmó el asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, en diálogo con Aquí & Ahora.
Los recursos en cuestión pertenecen al Sistema Integral de Conservación y Mantenimiento Vial (SISVIAL) y se financian con el impuesto a los combustibles. Según explicó el funcionario, esos fondos tienen una asignación específica para tareas de conservación, mantenimiento e infraestructura de las rutas nacionales.
Goyochea cuestionó el mecanismo implementado a partir de los decretos 325 y 423 de 2025. Sostuvo que, mediante ese esquema, los fondos quedaron bajo la administración del Ministerio de Economía, que habría dejado de realizar los envíos correspondientes a las provincias.
En ese marco, el asesor legal hizo referencia a declaraciones del vocero presidencial sobre el destino de los recursos y afirmó que habrían sido utilizados para la compra de títulos de deuda pública y depósitos a plazo fijo. "Los fondos se desvían con dos objetivos: primero, la compra de títulos de deuda pública y, en segundo lugar, depósitos en plazos fijos", señaló.
El abogado advirtió que esta situación podría tener implicancias penales y mencionó posibles figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Además, destacó las medidas de prueba dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, entre ellas pedidos de informes al Ministerio de Economía, la Auditoría General de la Nación, la Jefatura de Gabinete, la Dirección Nacional de Vialidad y la Sindicatura General de la Nación.
Finalmente, Goyochea defendió la presentación realizada por el gobernador Ricardo Quintela y remarcó que la denuncia busca que la Justicia investigue la posible comisión de un delito. Según sostuvo, se trata de un hecho de "gravedad institucional".
