Ismael Bordagaray llevará al recinto un registro con tecnología blockchain para las viviendas sociales. Cada movimiento quedará asentado y cualquiera podrá consultarlo, pero hay un punto del proyecto que define el futuro de las adjudicaciones.
El diputado provincial Ismael Bordagaray, del bloque Fuerza Patria, llevará a la próxima sesión de la Cámara de Diputados —prevista para el 19 de noviembre— un proyecto de ley que busca cambiar de raíz cómo se asignan las viviendas sociales en La Rioja. La iniciativa se llama Registro de Adjudicación de Viviendas Sociales mediante Tecnología Blockchain y Transparencia en la Gestión Pública Provincial y viene a saldar una promesa que el legislador hizo durante la campaña del año pasado.
La propuesta apunta a que cada paso del proceso deje de depender de decisiones discrecionales y quede asentado en un sistema imposible de modificar sin dejar rastro.
Qué es el RUP-Blockchain
El corazón del proyecto es la creación del Registro Único de Postulantes con Soporte Blockchain (RUP-Blockchain). Allí quedarán guardadas, de manera permanente y verificable, cada inscripción, cada cambio de puntaje, la posición en la lista de espera y cada adjudicación.
Los criterios de prioridad, según el texto, se aplican de forma objetiva y automática. La idea es que ninguna decisión quede librada a la voluntad de un funcionario de turno.
Un portal abierto para consultar todo
Cualquier persona podrá ingresar a un portal público, gratuito y sin necesidad de registrarse previamente. Ahí se podrá consultar el padrón completo, ver la posición de cada expediente, revisar el historial de movimientos y comprobar que los datos sean auténticos.
Además, cada postulante recibirá una notificación automática cada vez que cambie su puntaje o su lugar en la lista. Y tendrá la posibilidad de impugnar dentro de los 30 días hábiles.
Qué datos quedan protegidos
La cadena pública no expondrá información sensible. Solo se registrará lo vinculado al procedimiento: número de expediente, puntaje, posición, fecha y motivo. El nombre, el DNI y los datos de salud seguirán resguardados en los sistemas seguros del Estado, conforme a la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
Nulidad, sanciones y una comisión de control
El proyecto es duro con las irregularidades: toda adjudicación que no tenga registro previo en blockchain será considerada nula. También prevé sanciones para quienes alteren u omitan registros.
Para vigilar el funcionamiento del sistema se crea una Comisión de Seguimiento y Auditoría que reunirá al Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, diputados de mayoría y minoría, el Colegio de Abogados y organizaciones de la sociedad civil. Sus reuniones serán públicas.
Plazos y alcance
La implementación plena está prevista en un plazo máximo de 18 meses, con una etapa piloto inicial. El código fuente será abierto y la Provincia operará sus propios nodos de validación. Los municipios que quieran sumarse podrán hacerlo con asistencia técnica gratuita.
El antecedente que inspira la iniciativa es la experiencia de Bahía Blanca, que en 2017 implementó un registro blockchain para la asignación de subsidios. La Rioja busca llevar esa lógica al terreno de la vivienda social, con alcance provincial.
El texto también deja la puerta abierta para extender el sistema a otras áreas del Estado, como licitaciones y subsidios.
