El SPEPM se sentó con las autoridades del Santa Catalina por el episodio de violencia que ocurrió a una cuadra del colegio. Hay nueve estudiantes con asistencia suspendida y una fecha posible para la vuelta: qué falta evaluar.
El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) se reunió este jueves con las autoridades del Instituto Superior Santa Catalina, en Posadas, para abordar los hechos de violencia que involucraron a estudiantes del establecimiento y definir cómo seguir.
Del encuentro participaron referentes de Control Pedagógico, del Departamento Jurídico y de Supervisión, además del Representante Legal, el Apoderado Legal, el Rector y el Coordinador del Equipo de Apoyo y Orientación Escolar (EdAyO) del instituto.
La intención fue reconstruir en detalle lo ocurrido, revisar las medidas que ya tomó la institución y acordar los pasos para resguardar a las alumnas y sostener su derecho a estudiar.
Qué pasó y cuándo
El episodio que disparó la intervención se registró el viernes 6 de noviembre, cerca de las 19, en la vía pública, a una cuadra del colegio. Estuvieron involucrados estudiantes de segundo año del turno tarde y otras personas.
Desde el SPEPM señalaron que, aunque el hecho ocurrió fuera del establecimiento, sus efectos repercuten de lleno en la convivencia escolar, y por eso corresponde que las autoridades educativas actúen.
La institución se enteró de lo sucedido durante el fin de semana y empezó a mover su equipo directivo y el EdAyO. También hay actuaciones en el fuero penal, cuya investigación quedó en manos de la Justicia.
Las medidas con las alumnas
Como prevención, el colegio dispuso una suspensión transitoria de la asistencia presencial de las estudiantes alcanzadas por la decisión. Esa medida se acompaña con entrevistas individuales a cada una junto a sus padres o tutores.
Mientras tanto, las actividades pedagógicas siguen por el aula virtual, con alternativas para que las familias puedan acceder a los materiales. El SPEPM remarcó que ninguna medida preventiva puede traducirse en la pérdida del derecho a la educación.
En la reunión también se puso sobre la mesa la chance de un regreso progresivo y escalonado a las clases presenciales a partir del lunes 16 de noviembre, siempre sujeto a cómo evolucionen las condiciones de seguridad y convivencia.
Quiénes siguen el caso
Se informó que representantes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes ya intervinieron en las actuaciones que llevó adelante el establecimiento. Se subrayó la necesidad de sostener la coordinación con los organismos de protección de derechos y, cuando corresponda, con la Justicia.
El criterio que comparten las partes es que todas las alumnas involucradas deben ser escuchadas, protegidas y acompañadas, sin adelantar culpabilidades ni alimentar situaciones que agraven el conflicto.
"La respuesta institucional debe procurar la reparación del daño, el restablecimiento de la convivencia y la prevención de nuevos episodios de violencia, sin excluir la aplicación de las medidas que legalmente correspondan", explicaron desde el SPEPM.
Antecedentes bajo la lupa
Las autoridades provinciales pidieron información sobre posibles antecedentes de hostigamiento entre estudiantes. El EdAyO presentó documentación de intervenciones previas, entre ellas un acta del 9 de septiembre de 2026 con actuaciones de mediación y acuerdos entre las partes.
Según los registros exhibidos, hasta los hechos recientes no se habían documentado nuevos episodios vinculados a aquella intervención. Aun así, el SPEPM consideró que hay que profundizar el análisis y reclamó informes escritos de docentes y preceptores del curso, además de un seguimiento más cercano de la convivencia y de las trayectorias escolares.
La institución se comprometió a entregar un informe ampliatorio, debidamente documentado, sobre todas las actuaciones realizadas.
El trabajo con todo el curso
El abordaje no se va a limitar a las estudiantes directamente involucradas. El segundo año tiene 35 estudiantes, de las cuales nueve quedaron alcanzadas por las medidas preventivas.
El EdAyO tiene previstos talleres específicos para trabajar con el grupo completo en el respeto, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la responsabilidad individual y colectiva. Las actividades contarán con el acompañamiento de docentes, preceptores y autoridades del instituto.
El organismo provincial reiteró que las escuelas deben actuar ante cualquier situación de violencia, acoso u hostigamiento, conforme a la legislación vigente, los acuerdos de convivencia y los protocolos de intervención.
También recordó la importancia de garantizar las trayectorias educativas, sobre todo cuando se necesitan medidas de acompañamiento y una reorganización de la actividad escolar.
"La violencia escolar exige respuestas concretas. No alcanza con sancionar: es indispensable prevenir, proteger, escuchar, acompañar y realizar un seguimiento efectivo de cada situación", detallaron.
El SPEPM afirmó que seguirá supervisando las actuaciones del Instituto Superior Santa Catalina para que las medidas adoptadas ayuden a restablecer un clima de convivencia seguro y respetuoso.
"La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el respeto por las garantías de todas las personas involucradas y la continuidad de sus estudios constituyen prioridades irrenunciables del sistema educativo", agregaron.
Y cerraron: "Ningún estudiante debe sentir miedo de asistir a la escuela. Ninguna situación de violencia debe quedar sin atención y ninguna intervención debe perder de vista que la misión fundamental de la escuela es educar. La violencia escolar no se combate con indiferencia ni con castigos improvisados. Se enfrenta con prevención, autoridad, justicia, acompañamiento y respeto por los derechos de todos".
