La reforma laboral nacional amenaza con recortar más de $51 mil millones a Tucumán

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal proyecta que la provincia perdería miles de millones en fondos coparticipables si avanza la reforma laboral del gobierno nacional. La modificación del Impuesto a las Ganancias impactaría directamente en las cuentas tucumanas, obligando a una reconfiguración presupuestaria que afectaría áreas clave como salud y educación a partir de 2027.

El estudio técnico del Iaraf cuantificó el golpe fiscal que sufrirían las provincias. Para Tucumán, la cifra es contundente: una merma estimada de al menos $ 51.682 millones para el año 2027, cuando el efecto de la reforma se manifestaría en su totalidad. Este recorte coloca a la provincia entre las jurisdicciones más perjudicadas del país.

Un ranking nacional que deja a Tucumán en una posición crítica

El análisis posiciona a Tucumán en el cuarto lugar a nivel nacional en volumen de recursos comprometidos. Solo la provincia de Buenos Aires, con una pérdida proyectada de $ 238.558 millones, Santa Fe ($ 97.087 millones) y Córdoba ($ 96.459 millones) superarían a la provincia norteña en términos absolutos.

El mecanismo detrás de esta pérdida es la naturaleza coparticipable del Impuesto a las Ganancias. Cualquier modificación en sus alícuotas, como las propuestas en la reforma laboral, reduce automáticamente la masa de fondos que se distribuye entre todas las provincias. A nivel agregado, el Estado nacional dejaría de recaudar cerca de $ 1,9 billones.

De ese total, un monto significativo de $ 1,12 billones recaería sobre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En contraste, la Nación absorbería una caída de $ 789.000 millones, evidenciando una distribución del impacto que castiga con mayor dureza a las economías provinciales, altamente dependientes de la coparticipación.

Un debate legislativo que entra en su etapa decisiva

El proyecto de reforma laboral, con dictamen del Senado emitido en diciembre, podría ser tratado en el recinto alrededor del 10 de febrero. Este calendario ha profundizado las tensiones con los gobernadores, quienes observan con creciente desconfianza cómo la iniciativa avanza de la mano de un desfinanciamiento de sus territorios.

La negociación se complica por un factor político clave: varias de las provincias más perjudicadas, incluida Tucumán, han sido aliadas del Gobierno nacional o acompañaron iniciativas centrales durante los primeros años de gestión. Esta paradoja pone a prueba la solidez de los acuerdos políticos y la capacidad de sostener la gobernabilidad local frente al ajuste.

Pese a las advertencias y los números concretos, la hoja de ruta oficial se mantiene sin cambios significativos. Para el próximo viernes está prevista la primera reunión del año de la mesa política nacional, convocada para afinar el texto definitivo de la reforma.

Desde el entorno del Poder Ejecutivo Nacional ya adelantaron que no se prevén modificaciones sustanciales al articulado consensuado en la Cámara Alta. Esta postura refuerza la idea de que las provincias, incluyendo a Tucumán, deberán prepararse internamente para absorber un golpe fiscal de gran magnitud en sus finanzas públicas.