La reforma de la Ley de Tierras que pone en alerta a la Patagonia: ¿qué cambia para los extranjeros?

El Senado retoma el debate de un proyecto del Ejecutivo que flexibiliza la compra de campos por extranjeros, y la Patagonia es la región más expuesta por su concentración territorial y sus recursos estratégicos.

La iniciativa, conocida como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (expediente PE-13/26), modifica la normativa vigente que limita la titularidad foránea de tierras rurales. Tras un cuarto intermedio el 16 de julio, la Cámara alta reanudará las negociaciones el 6 de agosto, aunque el proyecto aún debe pasar por Diputados.

¿Qué dice la ley actual?

La Ley 26.737, restituida por una medida cautelar, establece un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, aplicable a nivel nacional, provincial y municipal. Además, una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo, y cada comprador extranjero está limitado a mil hectáreas en la zona núcleo. También restringe la adquisición de inmuebles ribereños de grandes cuerpos de agua y refuerza controles en zonas de seguridad fronteriza.

La propuesta que genera controversia

El dictamen de mayoría elimina varios de esos límites para inversores privados y delega en cada provincia la decisión de autorizar, regular o prohibir las operaciones. “El objetivo de esta ley es salir de una visión centralista”, defendió la senadora Patricia Bullrich. Sin embargo, un borrador posterior elevaría el tope al 25% por provincia, sin límites municipales ni por nacionalidad, aunque aún no hay texto oficial.

Los números que preocupan en el sur

Los datos oficiales indican que 13,2 millones de hectáreas (4,97% del total rural) están en manos extranjeras, y más de treinta departamentos superan el 15%. En Santa Cruz, la extranjerización llega al 8,11%, pero en Magallanes alcanza el 25,77%, en Güer Aike el 12,86% y en Lago Argentino el 10,69%. Casos extremos como Lácar (Neuquén, 54,17%) y Cushamen (Chubut, 22,90%) revelan que los promedios provinciales esconden focos críticos.

El investigador Matías Oberlin Molina advirtió ante el Senado que la ley busca “restringir desde el exterior el control de nuestros territorios”, no impedir la radicación de personas que quieran vivir o producir.

Riesgos para los habitantes de la Patagonia

Si se elimina el control por departamento, un comprador podría acumular grandes extensiones en zonas específicas, elevando los precios y dificultando el acceso a pequeños productores, cooperativas y emprendimientos locales. También se complicaría el acceso público a lagos, ríos, costas y zonas de pesca, y aumentaría el poder de los propietarios frente a municipios y comunidades.

El valor estratégico de las tierras patagónicas, cercanas a pasos internacionales, reservas de agua, bosques, áreas mineras e hidrocarburíferas, añade otro nivel de preocupación. Además, la reforma modifica la Ley de Manejo del Fuego: elimina el plazo de 30 años que impedía vender o cambiar el uso de tierras incendiadas, salvo en bosques nativos, áreas protegidas y humedales.

Mientras los defensores sostienen que las restricciones desalientan inversiones y que cada provincia debe decidir según sus necesidades, los críticos subrayan que la inversión extranjera no garantiza empleo ni desarrollo local, especialmente si se orienta a la especulación o la reserva de valor. El debate, entonces, no es sobre rechazar toda inversión, sino sobre qué límites son necesarios para proteger los bienes comunes y el desarrollo territorial.