La redada que dejó 121 muertos y el dato que sigue sin resolverse un año después

RÍO DE JANEIRO.– Un año después de la incursión policial más letal de la historia de Brasil, el poder de las bandas en Río de Janeiro no se movió un centímetro. El recuerdo de aquella jornada, con 121 muertos según el balance oficial, atraviesa la recta final hacia el balotaje presidencial del domingo, donde Lula da Silva y Flavio Bolsonaro encarnan dos maneras opuestas de entender la seguridad.

Thainã de Medeiros, subdirector del Instituto Papo Reto, organización que trabaja en las favelas cariocas, describió a LA NACION lo que encontró al volver al lugar: "La gente no tiene idea de lo que significa sentir olor a sangre. Olor a sangre coagulada, a carne humana en descomposición". Y agregó: "A veces nos dábamos cuenta de que había alguien ahí por el zumbido de las moscas".

La llamada "Operación Contención" se ejecutó el 28 de octubre de 2025 con el objetivo declarado de capturar a los principales líderes del Comando Vermelho (CV). Terminó con la cifra de muertos más alta de la que se tenga registro en el país y sin los cabecillas detenidos.

Cómo fue el operativo que marcó un antes y un después

Cerca de 2500 efectivos de las policías civil y militar ingresaron a los complejos del Alemão y de la Penha, en la zona norte de Río, con un centenar de órdenes de detención. La misión era frenar la expansión del CV, la facción más antigua de Brasil y la más poderosa del estado.

El saldo oficial: 121 muertos, cuatro de ellos agentes. La marca superó incluso la masacre de la cárcel de Carandiru, en 1992, que dio origen al Primeiro Comando da Capital (PCC).

Al día siguiente, los propios vecinos bajaron decenas de cuerpos de la zona de morro y los alinearon en una plaza de la Penha. Denunciaron ejecuciones sumarias. El entonces gobernador Claudio Castro, del mismo partido que el senador que ahora busca la presidencia, calificó la operación como un "éxito", aun cuando los objetivos principales quedaron libres.

Lula, en cambio, la llamó "desastrosa". Una semana después, en una entrevista con agencias internacionales, admitió que algunos podían verla como un éxito por la cantidad de muertos, pero sostuvo que como acción del Estado había fracasado. "La orden del juez era una orden de detención, no una orden de matanza, y hubo una matanza", afirmó entonces.

De Medeiros recordó su reacción al enterarse: "Cuando me desperté y me enteré de la noticia, mi reacción fue algo así como: 'Bueno, uno más'. Pero lo que me asustó fue la cantidad de policías que estaban yendo. Cuando vi que eran 2500, dije: 'Esto va a ser una masacre'".

Al día siguiente fue al lugar con una amiga. "No demoramos más de 20 minutos en encontrar dos cuerpos" que todavía no habían sido contabilizados, contó.

Desde entonces, el Instituto Papo Reto recopila videos filmados por civiles durante el operativo o inmediatamente después y los ordena en un catálogo que identifica a las distintas unidades policiales. "Con solo ordenar los datos ya empezás a detectar cosas extrañas. Tenemos muchas más dudas que certezas", planteó De Medeiros, y enumeró: "¿Cómo puede ser que no haya ningún video del BOPE? ¿Por qué la gran mayoría de los policías no tenía la cámara corporal activada? ¿Por qué algunos cuerpos tenían tantos impactos de bala? ¿Por qué había una persona decapitada?"

El mapa del crimen que no cambió

Un año más tarde, el control territorial de los grupos armados en Río sigue intacto. El último Mapa Histórico de los Grupos Armados, elaborado por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y el Instituto Fogo Cruzado con datos de 2024, indica que unos cuatro millones de personas, el 34,9% de los habitantes de la región metropolitana, viven bajo control o influencia de facciones del narcotráfico o de milicias, los grupos formados por policías y expolicías que dominan territorios y extorsionan a los vecinos.

En la ciudad de Río la proporción es mayor: 42,4% de la población. El CV es hoy el grupo con más personas bajo su dominio, casi la mitad de la población sometida. Los investigadores advierten que el mapa del crimen se superpone casi perfectamente con el de la desigualdad: quienes viven en zonas libres de grupos armados ganan en promedio tres veces más que quienes están bajo su yugo.

Qué dicen los vecinos, más allá de las encuestas

Pese a las denuncias de abusos, una encuesta de AtlasIntel realizada en los dos días posteriores al operativo mostró un apoyo mayoritario entre los brasileños: 55,2% a favor y 42,3% en contra. La aprobación crecía a medida que la consulta se acercaba al territorio. En la ciudad de Río, el 62,2% aprobó el operativo y una proporción casi idéntica consideró adecuada la actuación policial. Entre los habitantes de favelas de todo el país el respaldo trepó al 80,9%, y en las favelas cariocas alcanzó el 87,6%.

De Medeiros cuestionó la precisión de ese sondeo. Según otro relevamiento del Instituto Papo Reto junto con organizaciones civiles con actuación directa en Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Maré y Rocinha, ante la pregunta de si operativos como el de Penha y Alemão deberían repetirse, el 85% dijo que no, el 7% "a veces" y el 7% que sí.

Al mismo tiempo, el 91% de los encuestados reconoció excesos e ilegalidades de la policía, incluido el 85% de quienes apoyaron los operativos, y solo el 4% creía que ese tipo de acciones mejorarían la seguridad de su familia.

Mano dura contra coordinación federal: los dos modelos en juego

Los dos contendientes al Palacio del Planalto representan enfoques distintos en la lucha contra el crimen organizado.

Flavio Bolsonaro hizo de la mano dura el eje de su campaña. Su propuesta central es declarar al PCC y al CV como organizaciones narcoterroristas, en línea con lo que hizo en mayo el presidente estadounidense Donald Trump. En el primer debate televisivo prometió "declarar la guerra al narcoterrorismo" a partir de enero. Su plan incluye construir cinco presidios federales de máxima seguridad al estilo de las megacárceles de El Salvador, sumar más de medio millón de plazas penitenciarias, fijar penas de hasta 80 años para los jefes de las facciones y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Lula apuesta a la coordinación y al estrangulamiento financiero de las facciones. Su propuesta central es una reforma constitucional en seguridad pública que amplíe el papel del gobierno federal en un área hoy en manos de los estados y que cree un Ministerio de Seguridad Pública para articular el trabajo con gobernadores e intendentes. El plan prioriza la asfixia financiera de las organizaciones, el combate al tráfico de armas y la recuperación de territorios con obras de urbanización en favelas y periferias y más servicios públicos. Prevé además destinar 10.000 millones de reales a estados y municipios para equipamiento e infraestructura. Lula rechaza declarar terroristas a las facciones y sostiene que el crimen organizado debe combatirse con firmeza, pero dentro de los límites de la Constitución.

El balance de los expertos

Para Marcus Inanoni, profesor de Ciencia Política de la UFF, la Operación Contención no logró modificar las condiciones estructurales de la violencia en Río. "No tuvo éxito en términos de desarticulación estructural del crimen ni de pacificación de los territorios. La rutina de enfrentamientos entre policías y delincuentes se mantuvo prácticamente idéntica", afirmó a LA NACION. Y agregó: "Quienes viven en zonas periféricas y en favelas no se sienten seguros y desconfían tanto de la Policía Militar como de la Policía Civil. Además, hay varios integrantes de estas fuerzas involucrados en milicias que también explotan a los habitantes de las zonas más vulnerables".

A su juicio, la intervención tampoco alteró la percepción de que la seguridad pública es deficiente y constituye uno de los principales problemas del país.

Thiago Rodrigues, especialista en seguridad pública y profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la UFF, sostuvo que lo que hay en Brasil es "un clamor popular por la seguridad pública, que tiene que ver con el crimen organizado, pero sobre todo con la llamada delincuencia común". Resaltó que muchas veces la preocupación de los brasileños está relacionada con "los bienes personales, con la violencia urbana, los robos, las violaciones", pero que nada de eso está necesariamente vinculado con el crimen organizado.

De Medeiros puso el foco en otro lado. "Si querés que el crimen organizado pierda fuerza, tenés que controlar a la policía", sostuvo. A su juicio, la connivencia policial es una de las principales vías de abastecimiento y protección de las facciones, y controlar a las fuerzas de seguridad permitiría dificultar el ingreso de armas y drogas a los territorios y evitar filtraciones sobre los operativos.

"'El que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer'. Siempre escuché eso. ¿No los mataron, sino que intercambiaron disparos con la policía? Entonces, déjennos ver. Muestren las imágenes de las cámaras", argumentó.