La quinta marcha universitaria ya copa Plaza de Mayo: el número que le reclaman al Gobierno

Una nueva jornada de protesta universitaria se desata en el centro porteño. Gremios, organizaciones sociales y partidos políticos ya se concentran en Plaza de Mayo para participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del año, un reclamo que apunta directo contra el Gobierno nacional por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Los convocantes sostienen que el Ejecutivo "acumula una deuda salarial del 32%" con los docentes, según declaraciones que hicieron a TN. El dato es el eje del malestar que moviliza a miles de personas en todo el país.

Un operativo con vallas y calles blindadas

Mientras las columnas avanzan, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con vallados en las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo. Las calles más afectadas por los cortes son Riobamba, Callao, Combate de los Pozos, Entre Ríos, Solís, Virrey Ceballos y Adolfo Alsina.

Desde las 12:30 comenzaron a marchar las primeras columnas hacia el palacio legislativo. La concentración principal se extiende por el centro porteño y se espera un acto central frente al Congreso, donde se leerá un documento conjunto a las 16.

La letra chica del reclamo

La movilización de este año tiene un condimento extra: coincide con el intento de distintos bloques de conseguir quórum en Diputados para rechazar el DNU 70/2023 y tratar proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Además, habrá manifestaciones en todo el país.

El trasfondo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde octubre de 2025. Ambas cámaras del Congreso insistieron con los dos tercios tras el veto presidencial, y el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025 con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos.

¿Hay plata para cumplir la ley?

Un informe técnico de Zentrix Consultora sobre la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente) asegura que el Gobierno podría cumplirla sin romper el equilibrio fiscal. Según el análisis, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo contiene los recursos necesarios.

El estudio calcula que cumplir la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el propio presupuesto deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el Gobierno.

La Justicia ya se pronunció sobre el tema: desde la suspensión de la ley, ordenó cumplir los artículos de salarios y becas mediante una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. El interrogante de fondo sigue abierto: ¿hay recursos para cumplirlo?