La Quiaca fue a la Justicia por el límite de 150 dólares en la frontera: qué pidió Velázquez

El intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar las restricciones que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impuso al comercio fronterizo con Bolivia. La Municipalidad también solicitó una medida cautelar para que la normativa quede suspendida mientras se analiza el planteo de fondo.

La presentación cuestiona la Resolución General 5910/2026, que modificó el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación y fijó nuevas condiciones para el egreso de mercaderías hacia países limítrofes.

El expediente y el juzgado que interviene

Según informó Perico Noticias, la causa quedó caratulada como «Municipalidad de La Quiaca c/ ARCA s/ Amparo Ley 16.986», con el número de expediente FSA 19533/2026. La constancia de sorteo indica que fue asignada el 21 de octubre al Juzgado Federal de Jujuy N.º 1, Secretaría Civil N.º 1.

El pedido cautelar busca que las limitaciones queden en suspenso mientras avanza el trámite judicial. Hasta el momento, la presentación del amparo no implica que la medida de ARCA haya sido dejada sin efecto.

Qué establece la resolución que cuestiona el municipio

La Resolución General 5910/2026 se publicó en el Boletín Oficial el 9 de octubre y comenzó a regir al día siguiente. La norma modificó las condiciones del régimen que utilizan los habitantes de zonas fronterizas para trasladar mercaderías dentro de los límites previstos para ese tipo de operaciones.

Entre sus puntos principales, fija un tope diario de 150 dólares por poblador para las mercaderías que salen bajo este mecanismo. Además, excluye los granos de trigo, soja y maíz en todas sus formas, y los productos acondicionados en envases iguales o superiores a los 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.

La norma también mantiene prohibiciones específicas para ciertos productos, como los combustibles transportados en tanques suplementarios, bidones u otros recipientes.

Desde ARCA justificaron los cambios en la necesidad de mejorar los controles aduaneros, reducir el fraccionamiento de operaciones y evitar que el régimen se use para canalizar actividades comerciales o industriales que no están contempladas en sus objetivos.

El municipio de La Quiaca, en cambio, sostiene que las restricciones pueden afectar actividades económicas vinculadas históricamente con el intercambio entre la ciudad jujeña y Villazón, en Bolivia.

El trabajo que depende del cruce fronterizo

El conflicto excede a los comerciantes y alcanza a distintos trabajadores que participan del movimiento cotidiano de mercaderías. En La Quiaca, la actividad fronteriza involucra a transportistas, estibadores, carreteros, pasadores, vendedores ambulantes y personas que trabajan en depósitos, comercios y otros servicios asociados al intercambio.

El presidente de la Cámara de Comercio local, Walter Cadena, advirtió que alrededor de 3.500 familias dependen directa o indirectamente de esa actividad. Se trata de una estimación del dirigente sobre el alcance laboral del sector, no de una cifra oficial de empleos que ya se hayan perdido.

Los representantes comerciales sostienen que las nuevas condiciones pueden reducir el movimiento de mercaderías y afectar los ingresos de quienes dependen de esas operaciones para sostener sus hogares.

En ese contexto, comerciantes y trabajadores convocaron a una movilización pacífica para reclamar respuestas y pedir que las autoridades revisen el impacto de las disposiciones sobre la economía de la frontera.

Qué busca el amparo y qué puede pasar

Con la presentación del amparo, el intendente llevó el conflicto al ámbito judicial en representación del municipio. El objetivo es que se evalúe la legalidad de las restricciones cuestionadas y que, mientras se resuelve el planteo de fondo, se otorgue la protección cautelar solicitada.

La discusión también involucra las facultades de ARCA para establecer condiciones de control dentro del régimen fronterizo y la necesidad de contemplar las particularidades económicas de las comunidades que dependen de ese intercambio.

La normativa nacional establece que el tráfico vecinal fronterizo está destinado a atender las necesidades de los pobladores de las zonas limítrofes y no puede utilizarse con fines comerciales o industriales. Al mismo tiempo, el Código Aduanero contempla que el régimen debe adaptarse a las necesidades de los habitantes fronterizos y a las distintas coyunturas económicas.

La controversia gira, por lo tanto, en torno a la aplicación de esos controles y sus consecuencias sobre la actividad local.

La presentación judicial abre una nueva instancia en el conflicto entre el municipio y el organismo nacional. La primera cuestión será determinar si corresponde conceder la medida cautelar para suspender las restricciones mientras continúa el trámite del amparo.

Si la Justicia concede la cautelar, sus alcances dependerán de los términos de la resolución judicial. Si la rechaza, las disposiciones continuarán vigentes mientras se desarrolla el proceso, salvo que se adopten otras medidas.

En paralelo, el reclamo de comerciantes y trabajadores apunta a obtener respuestas de las autoridades nacionales y provinciales para reducir el impacto económico de los cambios.

La resolución del conflicto será relevante para La Quiaca, donde el intercambio con Villazón forma parte de la dinámica comercial de la frontera. Por ahora, el pedido del municipio está en manos de la Justicia Federal y no existe, según la información consultada, una decisión judicial que haya dejado sin efecto las restricciones de ARCA.