La Provincia desembolsó u$s420 millones y ya pagó casi u$s3.000 millones de la deuda que heredó Vidal
La Provincia de Buenos Aires pagó u$s420 millones en septiembre y ya lleva casi u$s3.000 millones cancelados de la deuda que tomó la gestión de Vidal. ¿Cuánto de ese esfuerzo financiero impacta en las cuentas bonaerenses y qué dice el gobierno de Kicillof sobre los recursos que no llegan desde Nación?
La administración de Axel Kicillof confirmó el pago de unos u$s420 millones correspondientes al servicio de los bonos internacionales emitidos en 2021, con vencimiento el 1° de septiembre. Con este desembolso, la gestión bonaerense acumula casi u$s3.000 millones cancelados en concepto de deuda externa desde que se reestructuró el pasivo.
El pago incluyó aproximadamente u$s191 millones en amortización de capital y u$s226 millones en intereses, según informó el gobierno provincial. Los títulos que se saldaron son los denominados Bonos A, B y C, emitidos en dólares y euros.
El peso de la herencia de Vidal
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el encargado de anunciar el cumplimiento del vencimiento en una conferencia de prensa realizada en la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
“En 2021 y 2022 hicimos una exitosa reestructuración de deuda, pospusimos los vencimientos y bajamos la tasa de interés, por lo cual ahorramos 4.600 millones de dólares”, sostuvo Bianco. El funcionario agregó que la Provincia “viene pagando todos los 1° de marzo y 1° de septiembre” y que ya canceló servicios por un total de “3.000 millones de dólares”.
Bianco apuntó directamente contra la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones heredadas por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que irresponsablemente tomó deuda en dólares. Como siempre, el peronismo se ocupa de pagar en tiempo y forma”, afirmó.
Qué significó la reestructuración de 2021
La operación de 2021 alcanzó una adhesión cercana al 98% de los acreedores y permitió extender los plazos, reducir el costo financiero y postergar los vencimientos que se concentraban en los primeros años posteriores al cambio de gobierno. Según datos oficiales, de los u$s3.000 millones desembolsados desde entonces, unos u$s910 millones correspondieron a amortizaciones y alrededor de u$s2.100 millones a intereses.
Un análisis publicado por El Destape en ese momento señalaba que las obligaciones totales en moneda extranjera de la Provincia habían aumentado 68% entre fines de 2015 y 2019, al pasar de u$s5.420 millones a u$s9.134 millones. La deuda en moneda extranjera pasó a representar el 83,7% del total, frente al 57,9% de 2015, y el 76% de los vencimientos previstos entre 2020 y 2023 correspondía a deuda contraída entre 2016 y 2019.
La reestructuración evitó que esa concentración de pagos derivara en una crisis de liquidez y generó, según estimaciones oficiales, un alivio financiero de unos u$s4.600 millones hasta 2027. El acuerdo triplicó los plazos de repago y redujo de manera permanente el costo financiero de los bonos bajo legislación extranjera, aunque el compromiso se transformó en una corriente de pagos que sigue demandando dólares de forma periódica.
Presupuesto 2027 en pausa
El pago de septiembre se da en un contexto de tensión con la Nación por la reducción de transferencias. Bianco comparó el monto de cada vencimiento (marzo y septiembre) con “medio aguinaldo”. Además, la Provincia postergó el envío del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo plazo constitucional venció el 31 de agosto, argumentando que todavía no hay datos suficientes del Gobierno nacional para proyectar las cuentas.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Economía bonaerense informó que había alcanzado acuerdos con los acreedores que habían quedado fuera del canje de 2021 y que tenían sentencias firmes en tribunales de Nueva York, además de resolver procesos en Alemania. El pago de los u$s420 millones no constituye una nueva operación de endeudamiento, sino el cumplimiento de un compromiso ya reestructurado, mientras la Provincia reclama que la Nación recomponga los fondos que considera correspondientes.