La promesa que se hizo obra: el agua llegó a 52 comunidades del Chaco salteño

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró el acceso al agua potable y segura como un derecho humano. Cinco años después, la Agenda 2030 fijó como meta garantizar su disponibilidad y gestión sostenible para todos. Pero en el Chaco salteño, la letra de los tratados se convirtió en obras concretas.

La Mesa del Agua del Chaco Salteño, creada en 2016, reúne a más de 40 organismos del Estado y la sociedad civil. La coordina el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y participan, entre otros, FUNDAPAZ, INTA, INENCO-CONICET, Aguas del Norte, Pata Pila, Cebil, la OPS, la Secretaría de Asuntos Indígenas, IDEAS de la UCASAL y Cruz Roja Salta.

El resultado de esta articulación: en los últimos diez años se construyeron más de 300 cisternas que captan agua de lluvia, lo que permitió proveer de agua a 52 comunidades dispersas. Además, hay siete estaciones de monitoreo de calidad y un protocolo de consulta previa, libre e informada con comunidades criollas e indígenas.

Para el ministro de Desarrollo Social de Salta, Sergio Camacho, el acceso al agua segura es un derecho de cada habitante y la forma de efectivizarlo es con inversión sostenida, apropiación del territorio por parte de la comunidad y capacitación.

Obras que llegan al territorio

UNOPS, la oficina de proyectos de la ONU, junto a FUNDAPAZ, inauguraron trece sistemas de cosecha de agua de lluvia en Pozo el Algarrobal, y otros en Campo Alegre y El Quebrachal. En Salta también se realizó el Encuentro Trinacional de Argentina, Bolivia y Paraguay, con el coordinador residente de la ONU, Mario Sajama, para armonizar el trabajo transfronterizo en el Gran Chaco.

La experiencia salteña se inspiró en Brasil, donde este tipo de instituciones ya construyeron más de un millón de cisternas rurales. La lógica es simple: el agua de lluvia es la más limpia y segura, y por eso se busca llevarla a las zonas no urbanizadas, donde no hay agua corriente.

El abogado Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), recuerda que el Estado tiene la obligación básica de garantizar agua suficiente y apta para uso personal y doméstico. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan entre 50 y 100 litros diarios por persona para cubrir los requerimientos esenciales con bajo riesgo para la salud.

Más que un gesto de beneficencia, llevar agua a las comunidades rurales y urbanas es una deuda que el Estado debe saldar. La Mesa del Agua del Chaco Salteño demuestra que, cuando el Estado y la sociedad civil dialogan de igual a igual, el derecho al agua deja de ser una promesa y se convierte en realidad.