La policía imputada por la muerte de Mauro González seguirá presa: qué encontró la jueza

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe ratificó la prisión preventiva de Sabrina Petitón, la última agente policial imputada por la muerte de Mauro González, el joven hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría 8ª, hoy Estación Norte.

La confirmación de la medida cautelar la dio a conocer el abogado de la familia de la víctima, Rodolfo Mingarini, en diálogo con LT10. El letrado contó que la resolución se apoyó en estándares internacionales sobre violencia institucional y en el riesgo de que la investigación sea entorpecida.

Con esta decisión, la causa entra en su tramo decisivo: el fiscal Ezequiel Hernández ultima las pruebas antes de presentar la acusación formal.

Cómo se reparten las responsabilidades

Mingarini explicó que la causa principal se divide en distintos niveles de participación. El primero es el grupo operativo que concretó la aprehensión de Mauro y que después quedó a cargo de su custodia hasta que el joven fue dejado en el calabozo de la comisaría.

“Tenemos por un lado el grupo operativo, que fue el que produjo la aprehensión ilegal y mantuvo bajo su custodia a Mauro hasta que fue dejado en el calabozo de la comisaría octava o Estación Norte”, señaló el abogado.

En paralelo, la investigación alcanzó a tres integrantes de la Guardia de Infantería, cuya intervención habría sido breve. Uno de ellos fue imputado y luego recuperó la libertad; según el querellante, habría sido identificado como quien le propinó un rodillazo al joven.

Además, una médica policial fue imputada por homicidio culposo en un expediente separado, aunque vinculado a la misma muerte.

Las advertencias que la familia dice que nadie escuchó

Uno de los ejes que sostiene la querella es que los padres de Mauro, Juan Carlos “Cacho” y María Rosa, habrían avisado al personal policial sobre el delicado estado de salud del joven durante el procedimiento.

Mauro había sido operado poco antes en la zona abdominal y atravesaba un cuadro que, según la familia, exigía una atención especial.

“También estaba presente María Rosa, la mamá, que les advertía a los cinco que Mauro podía estar pasando por algún momento crítico”, relató Mingarini.

El abogado fue categórico al respecto: “Ninguna de las advertencias fue tenida en cuenta por el personal policial”.

Los argumentos de la jueza

Al fundamentar la prisión preventiva de Petitón, la jueza Marta Feijóo apeló a estándares internacionales sobre investigación de hechos de violencia institucional y al riesgo de entorpecimiento del proceso.

Según contó Mingarini, la magistrada citó la Resolución 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y puso el foco en un dato clave: las personas imputadas integran una fuerza de seguridad.

“Ella lo tenía en la mano, lo leyó en voz alta y advirtió que aumenta drásticamente las posibilidades de entorpecer la investigación”, explicó el abogado.

La jueza también valoró la gravedad institucional del caso y esa misma condición de pertenencia a la fuerza.

Qué falta antes de la acusación

Mientras Petitón permanece detenida, el fiscal Hernández avanza con las últimas medidas de la investigación. De acuerdo con Mingarini, todavía restan diligencias relacionadas con recorridos, teléfonos celulares y declaraciones testimoniales.

“Empieza a ajustarse la investigación. Habrá que ver qué otra diligencia probatoria considera el fiscal”, dijo el abogado.

Terminada esa etapa, el fiscal deberá presentar la acusación. Si el juez de la etapa intermedia la admite, el camino quedará allanado para fijar la fecha del juicio.

El caso podría terminar en juicio por jurados

Por las características del hecho y los delitos que se investigan, Mingarini confirmó que el proceso reúne las condiciones para ser llevado adelante con un jurado popular.

“Sí, claro, por las características y por el delito imputado”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Así, la muerte de Mauro González se encamina a una nueva etapa: la última policía imputada seguirá tras las rejas mientras la Fiscalía cierra las medidas finales y define la acusación que podría desembocar en un debate oral y público.