La planta de Reconquista que no puede pagar la luz: la intimación que ahora mira la Justicia

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) le reclamó a Algodonera Avellaneda el pago de una deuda superior a los $4600 millones y le advirtió que, si no la cancela, podría suspenderle el suministro eléctrico en su planta de hilandería de Reconquista, Santa Fe. La compañía, vinculada a Vicentin, fue declarada en quiebra hace dos semanas y ahora el juez Fabián Lorenzini pidió precisiones sobre el alcance que tendría un eventual corte.

El monto reclamado asciende a $4.603.904.078,50 y corresponde, según los síndicos, a una deuda acumulada por el servicio eléctrico de la planta. La intimación lleva fecha del 20 de octubre y le otorga a la firma diez días desde la recepción de la notificación para regularizar la situación.

Qué dice la carta de la EPE

En el texto, la distribuidora provincial advierte que, de no recibir el pago, podría "iniciar las acciones legales que correspondan conforme a Derecho y/o proceder a la suspensión del suministro".

Los síndicos Manuel Prono, Nieves González Rueda y Daniel Piumetti fueron quienes llevaron la novedad al juzgado este jueves 29 de octubre. En su presentación señalaron que la intimación no especifica a qué períodos corresponde el total reclamado y que tampoco consta la fecha exacta en que la empresa recibió la notificación, por lo que no se puede determinar con precisión cuándo vence el plazo.

La factura que muestra el tamaño del consumo

Junto con la intimación se incorporó una factura de electricidad de septiembre de 2026 por $782.487.179,80, con vencimiento el 19 de octubre. De ese total, unos $185 millones corresponden a cargos adicionales fijados por una resolución nacional vinculada al suministro de grandes usuarios eléctricos.

El detalle del documento deja ver la magnitud de la actividad de la hilandería: durante septiembre consumió 1.734.000 kilovatios hora. Solo por la energía y los conceptos básicos del suministro se facturaron cerca de $394,8 millones, a los que se sumaron cargos e impuestos hasta llegar a los $782,5 millones.

La factura incluye además un dato que encendió las alarmas: el 24 de octubre figuraba como fecha de desconexión por falta de pago. Sin embargo, esa fecha pertenece a una liquidación anterior a la nueva intimación y no implica que el servicio haya sido cortado. En los documentos judiciales no hay registro de que la planta se haya quedado sin electricidad.

En esa misma liquidación aparece un saldo exigible de $9281 millones al 9 de octubre, un número mayor que los $4603 millones reclamados después. La documentación no permite explicar el origen de esa diferencia.

El pedido del juez Lorenzini

Tras recibir el escrito, el magistrado ordenó sumar al expediente la intimación, la factura y el aviso de corte. Pero además les solicitó a los síndicos que aclaren qué ocurriría con la fábrica si se interrumpe el suministro.

En concreto, Lorenzini pidió que se informe "cuándo se podría producir la interrupción del servicio eléctrico y qué tipo de consecuencias traería ello aparejado para la hilandería local". El juez recordó que en ocasiones anteriores el servicio ya había sufrido interrupciones parciales, un antecedente que agrava la preocupación.

La respuesta de la Sindicatura será clave para establecer si la amenaza de corte es un problema inmediato. Hasta ahora, la documentación acredita la intimación y la advertencia de suspensión, pero no fija una nueva fecha de desconexión ni precisa qué sectores de la planta se verían afectados o si la interrupción sería total o parcial.

Una quiebra en plena búsqueda de compradores

El pedido se enmarca en la evaluación que la Sindicatura debe hacer sobre la posibilidad de sostener la actividad de la empresa durante la quiebra. La continuidad depende, entre otras cosas, de poder cubrir los gastos necesarios para producir.

El 14 de octubre, Lorenzini declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda después de que fracasara el proceso de salvataje, en el que no se presentaron interesados en rescatar la compañía. Días más tarde, en una audiencia judicial, se analizaron las alternativas para mantener la actividad, las necesidades de inversión y la situación de los trabajadores.

En ese encuentro, el magistrado planteó la intención de avanzar en la búsqueda de posibles compradores antes de fin de año. La Justicia abrió un proceso para que los interesados se inscriban y evalúen la adquisición de activos de la empresa. El plazo de preinscripción vence el próximo 11 de noviembre.