La pericia clave del caso ANDIS tiene 15 audios que sí se podían comparar: por qué Gendarmería no lo hizo

El peritaje que la Gendarmería Nacional realizó sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quedó envuelto en una nueva polémica. Los especialistas del Ministerio Público Fiscal que participaron del estudio firmaron un anexo con objeciones demoledoras contra el dictamen oficial y sostienen que las conclusiones no se corresponden con los propios resultados del informe.

El trabajo lo pidió el juez Ariel Lijo y buscaba determinar la "factibilidad del material sonoro" de las grabaciones en las que se escucha a Spagnuolo describir un sistema de coimas dentro del organismo que comandaba. La fuerza, que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, concluyó que no se puede establecer de quién es la voz ni si fue modificada con inteligencia artificial, aunque sí detectó indicios de ediciones.

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del MPF, expresaron "su completa disconformidad con las conclusiones" y dejaron asentado que los audios pueden entenderse como verdaderos.

La comparación de voces que nunca se hizo

El primer eje del conflicto es la comparación de la voz de las grabaciones con la de Spagnuolo. Los peritos de Gendarmería se negaron a hacerla argumentando limitaciones de calibración del software con el que trabajan, lo que impediría usar los resultados con fines identificatorios.

Sin embargo, el propio peritaje reconoció que 15 archivos tenían calidad suficiente para el cotejo. "En cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una/comparación forense con una muestra de voz indubitada", apuntaron desde la DATIP.

El Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces prevé tres tipos de análisis —perceptual, semiautomático y automático— y exige aplicar al menos dos. Para los especialistas del MPF, que el software Forensia v2.0 no sirviera para el análisis automático no justificaba cancelar el estudio: se podían hacer los otros dos métodos.

El perito Roberto Leonardo sumó otro punto contradictorio. Recordó que en la reunión del 2 de septiembre se determinó que el archivo identificado como "Que tiene Lule Menem con Karina.mp4" reunía las condiciones para ser considerado apto y se convocó a Spagnuolo para obtener muestras de su voz. El imputado esquivó la citación. Pero el 16 de septiembre, sobre el mismo archivo, los peritos oficiales concluyeron que el cotejo no era técnicamente procedente a pesar de mantener la condición de aptitud.

"Se establece, de manera contradictoria, que la muestra es APTA pero que no puede someterse a ningún método de comparación para el que se evaluó su aptitud", destacó Leonardo. Y agregó: "La imposibilidad de utilizar Forensia v2.0 no conduce, por sí sola, a la imposibilidad de efectuar el cotejo".

Qué decía el propio informe sobre la voz humana

El otro gran cuestionamiento apunta a la conclusión sobre el origen de la voz. Para la defensa de Spagnuolo, las grabaciones fueron creadas con inteligencia artificial. Los peritos del MPF sostienen que el propio informe de la Gendarmería aportó elementos para descartarlo.

Los ingenieros José Pollola Barón y Nicolás Sanguineti remarcaron que el análisis identificó características compatibles con el habla humana espontánea: variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles. El examen espectrográfico de cinco archivos, además, "no evidenció anomalías manifiestas".

"Se identificaron características compatibles con una producción vocal natural, sin haberse documentado anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados", afirmaron.

Roberto Leonardo fue más directo y habló de "una incongruencia en el punto 5 del informe entre los resultados del análisis y la conclusión". Según su lectura, los peritos seleccionaron el material, definieron parámetros y aplicaron procedimientos auditivo-perceptuales y espectrográficos a los cinco archivos, lo que supone que los consideraron idóneos. "Sin embargo, al formular la conclusión, no se asumen las consecuencias de los hallazgos", reprochó.

"Si los procedimientos no eran aptos, no se explica por qué se los aplicó ni por qué se valoraron sus resultados. Si lo eran, como surge de su empleo, la conclusión debió expresar lo que esos resultados muestran: no se identificó ningún indicio de síntesis, y sí múltiples rasgos característicos de la producción vocal humana", cerró.

Incoherencias metodológicas y falta de sustento

Las críticas de la DATIP recorren todo el dictamen. Gala Iglesias Brickies señaló que el informe "incurre en una severa incoherencia metodológica": usa bibliografía científica para justificar las limitaciones de la percepción auditiva humana, pero omite aplicar los procedimientos instrumentales que esa misma literatura propone.

En otro pasaje, los peritos afirmaron que "el estudio carece de sustento teórico y reproducibilidad" por usar una grilla de doce categorías sin referencias bibliográficas que acrediten su validez forense, y por la falta de trazabilidad al omitir marcas de tiempo y registros gráficos de respaldo.

Sobre el análisis de las respiraciones, lo calificaron de "metodológicamente incompleto y carente de rigor diagnóstico". Explicaron que lo que permite distinguir una emisión humana de una sintética es la correlación temporal y aerodinámica entre la respiración, las pausas y el contexto fonético, algo que el informe no evaluó.

El debate sobre las ediciones

La Gendarmería detectó señales compatibles con cortes o ediciones, pero para el perito Bruno Moglia el estudio quedó a mitad de camino: no analizó el contenido de los tramos que no presentan cortes, es decir, no examinó si esos pasajes conservan enunciados completos o presentan interrupciones sintácticas.

Ese análisis, según el especialista, permitiría distinguir entre distintos tipos de edición: la selección y compilación de fragmentos interpretables, la supresión de intervenciones de otros hablantes o la unión de pasajes para alterar el sentido aparente del discurso. No es lo mismo manipular lo dicho por la voz atribuida a Spagnuolo que recortar la participación de terceros.

El pendrive y la cadena de custodia

Los audios llegaron a la causa en un pendrive aportado por el periodista Mauro Federico, de Carnaval Stream, el medio por el que se difundieron. La Gendarmería sostuvo que el dispositivo perdió la cadena de custodia.

El ingeniero Nicolás Sanguineti calificó esa objeción como "un error conceptual": exigir a un dispositivo aportado voluntariamente la misma trazabilidad que a un elemento secuestrado en un allanamiento. Además, remarcó que "no se identificaron metadatos que indiquen manipulaciones posteriores al ingreso del dispositivo aportado a la órbita del proceso penal".

Por qué el caso ANDIS incomoda al Gobierno

La pulseada por los audios excede el terreno técnico. La defensa de Spagnuolo pidió la nulidad de todo lo actuado en la causa con el argumento de que la investigación se inició a partir de grabaciones adulteradas. En esos audios se escucha al exfuncionario describir una supuesta coima del 3% que habría recibido Karina Milei, hermana del Presidente.

Spagnuolo fue abogado de Milei e ingresaba habitualmente a la Quinta de Olivos. Ya fue procesado por distintos hechos y es considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la agencia de discapacidad.

Sin embargo, los audios nunca fueron tenidos como prueba en la pesquisa. Así lo marcaron el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, y el primer juez de la causa, Sebastián Casanello, luego reemplazado por Lijo. El caudal probatorio del expediente proviene de los allanamientos realizados al inicio del caso, en los que se secuestraron celulares y computadoras con información clave.

El caso acumula "85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas", con 44 procesamientos y 39 indagatorias en curso. Este viernes se indagó a Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina, quien se negó a declarar. La firma quedó en el centro de la tercera etapa de la investigación.

La decisión de Lijo de encargarle el peritaje a una fuerza que depende del Ejecutivo ya había generado suspicacias. Lijo fue uno de los candidatos de Milei para la Corte Suprema, cargo al que no logró acceder por falta de apoyo en el Senado. Las objeciones de la DATIP no hicieron más que multiplicar la desconfianza sobre el resultado.