La pensión y el trabajo formal ya no chocarán: qué cambia para las personas con discapacidad

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con un respaldo contundente: 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El texto, que pasará ahora al Senado, reemplaza el esquema de emergencia que vence a fin de año por un régimen de aplicación permanente.

La sesión se estiró por cuatro horas y exigió negociaciones intensas entre los bloques. El acuerdo nuclear a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los espacios dialoguistas. Del lado del rechazo quedaron el Frente de Izquierda y las cordobesas Natalia de la Sota y Gabriela Estévez, de Provincias Unidas.

Cómo votaron los diputados de Santa Cruz

Los representantes santacruceños acompañaron en su mayoría: José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) votaron a favor. Ana María Ianni, también de Unión por la Patria, no estaba presente al momento de la votación.

El nudo político del debate fue claro: avanzar hacia una protección permanente para las personas con discapacidad o insistir con una nueva prórroga de la Ley de Emergencia, que expira a fin de año. Sin los votos para estirar la emergencia, Unión por la Patria se sentó a negociar cambios sobre el dictamen oficialista. El resultado conserva buena parte de las prestaciones y garantías de la Ley 27.793, pero les quita el carácter transitorio.

Pensión y sueldo: la convivencia que se habilita

Uno de los cambios más sensibles es la posibilidad de cobrar la Pensión No Contributiva por Discapacidad y, al mismo tiempo, tener un empleo formal. La condición es que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El texto también permite combinar la pensión con otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Además, se crea una pensión inembargable para las personas mayores de 70 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no estén dentro de un régimen previsional. El monto equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo.

La cobertura médica del programa federal Incluir Salud, o el nombre que adopte en el futuro, sigue garantizada. El proyecto fija previsiones presupuestarias y establece que el financiamiento del Ministerio de Salud no podrá caer, en términos reales, por debajo del ejercicio fiscal anterior.

También se mantiene el nomenclador único de prestaciones básicas, con actualización periódica de aranceles atada al índice de movilidad jubilatoria. Es un punto clave para centros de día, talleres protegidos y otros prestadores que vienen reclamando una recomposición de los valores que cobran.

Auditorías, pero con derecho a defenderse

El proyecto prevé auditorías periódicas para verificar los requisitos de acceso y permanencia de las pensiones por discapacidad e invalidez laboral. Los controles se harán cruzando datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.

Las negociaciones introdujeron un freno a los suspensiones automáticas: antes de revisar un beneficio, la autoridad deberá notificar de manera fehaciente y dar un plazo de 60 días para presentar un descargo. La modificación apunta a evitar que se repitan las bajas masivas sin instancia de defensa. El diputado Juan Marino recordó durante el debate que en procedimientos anteriores se habían suspendido más de 100.000 prestaciones y señaló que las nuevas garantías responden a uno de los reclamos centrales de las organizaciones del sector.

El Ministerio de Salud deberá publicar estadísticas sobre partidas asignadas y su ejecución, los aranceles vigentes de las prestaciones básicas y la cantidad de beneficiarios y montos de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad. El texto también contempla capacitaciones para el personal que atiende a personas con discapacidad, con el objetivo de promover prácticas no discriminatorias y respetuosas de la autonomía.

Deudas a prestadores: plazos concretos

A pedido de los bloques aliados se sumó una cláusula transitoria para regularizar las deudas con los prestadores del sistema. El Poder Ejecutivo deberá informar el cronograma dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley, y la cancelación de las obligaciones pendientes no podrá superar los 90 días desde la entrada en vigencia.

El plazo responde a los reclamos de instituciones y organizaciones que advierten sobre las dificultades económicas por los atrasos en los pagos y la actualización insuficiente de los aranceles. La continuidad de Incluir Salud y los mecanismos para sostener el financiamiento fueron parte de las condiciones que ampliaron el respaldo legislativo.

Herrera Ahuad, el negociador que destrabó el acuerdo

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, tuvo un rol central para modificar el dictamen y reunir los votos. Su bancada tenía diferencias de fondo, pero consideraba necesario incorporar precisiones y garantías.

“Desde nuestro bloque tuvimos profundas diferencias con este texto, pero entendimos el espíritu superador de la propuesta. Consideramos que faltaban muchas precisiones, certezas y definiciones. La palabra que necesitaba este debate era previsibilidad, además de atender algunos aspectos grises que contiene la ley de emergencia”, sostuvo.

Herrera Ahuad llevó una serie de modificaciones trabajadas con organizaciones y comunidades vinculadas a la discapacidad, y advirtió que su bloque no acompañaría el proyecto si no se aceptaban. El diputado oficialista Gerardo Huesen anticipó que La Libertad Avanza aceptaría los cambios, lo que abrió el camino para el acuerdo que después respaldaron Unión por la Patria y otros espacios.

El oficialismo defendió la ley permanente

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el tucumano Huesen destacó el consenso y agradeció a los bloques dialoguistas. “Hay algo que debemos decir con absoluta claridad: no podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de utilización política. Las personas con discapacidad no son una bandera partidaria, una foto para las redes sociales ni un eslogan. Son ciudadanos argentinos con derechos, familias y necesidades concretas, y estamos trabajando para dar respuestas a esas demandas”, afirmó.

El legislador sostuvo que el sistema arrastraba problemas estructurales y defendió reglas permanentes en lugar de prórrogas de emergencia. “Este dictamen incorpora algo que durante mucho tiempo estuvo ausente: previsibilidad. Y eso también es libertad”, expresó.

En la misma línea, la oficialista Giselle Catelnuovo consideró que el debate permitía construir una política de Estado que no deba revisarse cada diciembre. Planteó que la discusión debe servir para reconocer las deudas acumuladas y sostener los derechos con una normativa de largo plazo.

Marino: “Es gracias a la lucha del colectivo”

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que el avance legislativo es resultado de la movilización de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones. “Si hoy estamos teniendo este debate es gracias a la enorme y extraordinaria lucha del colectivo de personas con discapacidad de todo el país”, dijo.

Contó que su bloque evaluó primero impulsar una prórroga de la emergencia, pero que las conversaciones con las organizaciones cambiaron la estrategia al comprobar que no había votos suficientes. “Conversamos con las organizaciones y vimos que el dictamen tenía muchas limitaciones, pero ellas nos pidieron que participáramos de la discusión para incorporar sus principales preocupaciones y evitar cualquier retroceso en materia de derechos”, relató.

Marino valoró los cambios sobre suspensiones de pensiones, compatibilidad con el empleo y continuidad de prestaciones. También cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, al advertir sobre disposiciones que, según planteó, podrían afectar el nomenclador y la cobertura de salud. Y reclamó que el Gobierno cumpla las obligaciones vigentes y garantice los recursos.

Tolosa Paz: “Es una cuestión de vida o muerte”

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó el trabajo de las organizaciones y de los legisladores que negociaron, y reconoció el papel de Herrera Ahuad en la construcción del acuerdo. “Modificamos a partir de la escucha activa respecto a la compatibilidad de la pensión con la AUH y garantizamos la norma presupuestaria garantizándolas en esta ley para evitar que llegue enero y el presidente no se haga el distraído quitando el crédito de esta ley”, sostuvo.

Remarcó que las modificaciones buscan impedir suspensiones sin notificación ni defensa efectiva. “No pueden volver a cometer el error de quitar 100.000 pensiones de un plumazo y es por eso que establecemos en el proyecto la notificación fehaciente de la incompatibilidad, con el derecho a 60 días de descargo por parte del beneficiario y la revisión del Ejecutivo”, afirmó. Y concluyó: “Bajar una pensión es un hecho administrativo, pero para la persona con discapacidad es una cuestión de vida o muerte”.

Las voces del rechazo y los apoyos con reparos

La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá anticipó el rechazo de su espacio y cuestionó el acuerdo entre oficialismo y oposición. “Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación”, afirmó. También dudó de que el Gobierno cumpla la norma y sostuvo que un nuevo marco legal no garantiza por sí solo los derechos ni los recursos.

Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, pidió que el proyecto volviera a comisiones para ampliar la participación de las organizaciones. Cuestionó la falta de garantías presupuestarias y señaló que las entidades de su provincia habían pedido prorrogar la emergencia.

En la vereda de los apoyos con reparos, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, valoró la negociación y reclamó que el Senado apruebe la iniciativa sin demoras. “Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada”, sostuvo en referencia al Gobierno.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, defendió el acuerdo y recordó que buena parte de las disposiciones de la Ley de Emergencia quedaron incorporadas al nuevo texto. Aun así, advirtió que el resultado legislativo deberá sostenerse durante el tratamiento presupuestario.

Qué falta para que sea ley

Con la media sanción, el proyecto pasa al Senado, donde necesita aprobación para convertirse en ley. Hasta entonces, el trámite no está completo. La discusión seguirá centrada en la implementación de las garantías, el financiamiento del sistema y el cumplimiento de los compromisos asumidos con las personas con discapacidad y con los prestadores.

La votación dejó un acuerdo amplio entre bloques que tenían diferencias sobre cómo encarar la emergencia. El texto busca reemplazar un esquema transitorio por una normativa permanente, con reglas para pensiones, cobertura médica, auditorías, actualización de aranceles y pago de deudas. Su alcance real dependerá de la sanción definitiva, la reglamentación y la ejecución de los recursos previstos.