La pelea por investigar una denuncia de malos tratos: terminó en la Justicia que nadie esperaba

Un grupo de presos federales alojados en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú denunció malos tratos por parte de agentes del Servicio Penitenciario Provincial. El caso, que derivó en un conflicto de competencia entre la Justicia Federal y la provincial, terminó con una resolución que ordena que la investigación la lleve adelante el fuero ordinario.

Los hechos se remontan al 10 de agosto, cuando seis internos del pabellón Módulo E del penal "El Potrero" comunicaron a un oficial las agresiones que sufrían por parte de los penitenciarios. Además de los golpes, los reclusos denunciaron arbitrariedades en las requisas de sus celdas.

Ante la gravedad del cuadro, el 27 de agosto las defensoras públicas oficiales María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro pidieron una audiencia virtual urgente con las autoridades de la unidad penal. En su presentación, que se enmarcó en varias causas federales en las que los denunciantes están imputados o condenados, advirtieron que los internos no reciben atención psicológica ni psiquiátrica, lo que provocó ataques de ansiedad y de pánico entre varios de ellos. También señalaron la falta de respuesta del área de sanidad ante emergencias médicas y severas restricciones que afectan la vida cotidiana de los detenidos.

La jueza federal subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi, le dio al caso el trámite de hábeas corpus, según la Ley N° 23.098, al considerar que lo denunciado constituía una agravación ilegítima de las condiciones de detención. Sin embargo, ese mismo día se declaró incompetente por razones territoriales: al estar el penal en Gualeguaychú, entendió que correspondía intervenir al juzgado federal de esa ciudad. El fiscal general interino José Ignacio Candioti coincidió en un principio con ese criterio.

La causa llegó en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez. El 28 de agosto, los magistrados resolvieron que la competencia no debía quedar en manos de un juez federal. Para eso, analizaron que los malos tratos denunciados no provenían de autoridades nacionales, sino del Servicio Penitenciario Provincial, que depende del Gobierno de Entre Ríos.

Qué decidió la Cámara

La Cámara confirmó la incompetencia del juzgado federal de Concepción del Uruguay para intervenir en el fondo de la cuestión, pero revocó la atribución de competencia al Juzgado Federal de Gualeguaychú. En su lugar, ordenó remitir las actuaciones a la Justicia provincial de Gualeguaychú para que se designe al magistrado que corresponda.

Pese a apartarse de la investigación directa, la Cámara le ordenó formalmente al director de la Unidad Penal N° 9, Lucas Ariel Dufour, arbitrar con urgencia las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los detenidos, y que informe de manera inmediata al juzgado federal sobre los resguardos implementados.