La partera Dolly se negó a hablar ante el juez: deberá pagar 5 millones para seguir libre

La médica jubilada de 88 años acusada de apropiarse de bebés en Rosario volvió a sentarse frente a la Justicia. Este martes, en los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900, se realizó la audiencia de declaración indagatoria de la partera Dolly por una de las primeras denuncias en su contra, y fuentes oficiales confirmaron que deberá desembolsar una fianza de 5 millones de pesos para mantenerse en libertad mientras avanza la causa.

La defensa de la imputada había solicitado postergar el trámite en dos ocasiones anteriores. Esta vez, el Ministerio Público Fiscal (MPF) logró acusarla formalmente por la supresión de identidad de Roberto Fargioni, el hombre que creó un grupo de víctimas para intentar dar con sus padres biológicos en otros casos similares vinculados a la misma obstetra y a su hermana Silvia.

El expediente se centra en cómo se registró el nacimiento del denunciante en el Hospital Roque Sáenz Peña. Aunque el hecho puntual ocurrió en 1978, los investigadores comenzaron a revisar documentación de partos desde 1959 para ampliar el rastreo a partir de los testimonios que recibieron sobre otras presuntas apropiaciones.

Una videoconferencia y silencio absoluto

Dolly no pisó la sala. Participó de la audiencia por videoconferencia, tal como establece la normativa del viejo sistema procesal en el que se tramita la causa, y estuvo acompañada por su abogado Diego Sosa. Ante el juez Carlos Vera Barros, la exmédica del nosocomio municipal se abstuvo de prestar declaración.

El fiscal Andrés Montefeltro la señaló por la falsificación del acta de nacimiento de Fargioni, firmada el 9 de septiembre de 1978. En ese documento inscribió como padres a un matrimonio que no tenía ningún vínculo biológico con el niño.

Según el análisis de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF, la obstetra del hospital municipal intervino para suprimir y alterar la identidad del bebé. Hoy, Fargioni sigue sin saber quiénes son sus progenitores reales.

El caso que abrió la puerta a todos los demás

El 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García había imputado a Dolly por la supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esa medida destapó una serie de denuncias que se fueron sumando públicamente. El creador del grupo Cardumen, en tanto, aguardaba una resolución similar por la denuncia que había presentado antes de la implementación del sistema acusatorio, por lo que su caso se canalizó por otra vía.

Ahora la fiscalía federal de Rosario intenta determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida, pero el juez le impuso medidas de restricción.

García la acusó de confeccionar un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes sostienen que fueron separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.

El ADN que lo cambió todo

El caso que derivó en la primera imputación arrancó con una denuncia presentada el 15 de abril pasado por una mujer que figura en la partida de nacimiento como C.E.M.Q. Según la investigación, durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 pidió un estudio de ADN a quien figuraba como su madre.

El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas. A partir de ese resultado, la mujer empezó a reconstruir las circunstancias de su nacimiento y denunció que había sido entregada a la familia que la crio mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera.

De acuerdo a la acusación, Dolly confeccionó un certificado en el que hizo constar que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de la recién nacida. Con ese documento se realizó después la inscripción en el Registro Civil. La Fiscalía sostiene que la maniobra implicó el uso de un instrumento público para establecer una filiación falsa y que sus efectos se mantienen hasta hoy, porque la mujer continúa sin conocer su identidad biológica.