La partera Dolly pidió que la causa prescriba, pero la Justicia tomó una decisión que la complica

La defensa de la partera Dolly había pedido que se declarara prescripta la causa por supresión de identidad de bebés en Rosario. El pedido fue rechazado este miércoles por la Justicia Federal, que consideró que el delito es continuado y que sus efectos siguen vigentes mientras las víctimas no conozcan su verdadera identidad.

Dolly Viale de Garrido, de 88 años, trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña cuando habrían ocurrido los hechos, entre 1968 y 1980. La investigación sigue firme: la partera recibió al menos 12 denuncias por supresión de identidad y hoy continúa imputada.

Una de las denunciantes es Silvina Garrido, quien fue criada como hija de la propia partera y durante 15 años creyó que era su hija legítima. Garrido contó que en su casa de la infancia, a pasos del Batallón 121, eran comunes las visitas de militares. “Ella colaboraba a cambio de que los militares la protegieran o la dejaran hacer sus delitos de manera tranquila”, declaró a los medios.

La imputación que destapó todo

El 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, imputó a Dolly por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. A partir de allí comenzaron a sumarse denuncias.

La fiscalía intenta determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida, pero el juez le impuso medidas de restricción.

Según la acusación, Dolly confeccionó un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres y entregados a otras familias durante el período en que ella trabajaba como partera.

El caso que originó la causa

Todo empezó con la denuncia del 15 de abril de este año, presentada por la mujer que figura en la partida como C.E.M.Q. Durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 pidió un estudio de ADN a quien figuraba como su madre. El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas.

Con esa información, la mujer reconstruyó las circunstancias de su nacimiento y denunció que había sido entregada a la familia que la crio mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera. Según la fiscalía, el certificado falso permitió inscribir a la recién nacida en el Registro Civil con una filiación falsa, y los efectos de esa maniobra se mantienen porque la mujer aún desconoce su identidad biológica.

Otros casos y la prueba de ADN

Además del caso inicial, la fiscalía recibió los testimonios de otras cinco personas que aseguran haber sido víctimas de maniobras similares. Todas plantearon dudas sobre su identidad de origen y mencionaron entregas de bebés ocurridas mientras la imputada trabajaba en maternidad.

Una de las denunciantes fue criada como hija de la propia partera. Para determinar si existe un vínculo biológico entre ambas, el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz autorizó una extracción compulsiva de ADN de la acusada. Esa medida podría aportar información clave para establecer el alcance de la investigación.

El juez rechazó además el planteo de la defensa que sostenía que los hechos estaban prescriptos. Consideró que se trata de un delito continuado y que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la verdadera identidad de las personas afectadas.