La Pampa suma tres cooperativas para ofrecer TV por suscripción: ¿qué significa para los usuarios?
Tres cooperativas pampeanas se inscribieron para brindar TV por suscripción. ¿Qué impacto tendrá en los usuarios? Conocé los detalles.
Las cooperativas de Victorica, Alta Italia y Quemú Quemú dieron un paso clave para ampliar la oferta de televisión por suscripción en La Pampa. Las tres entidades se inscribieron en el Registro de Servicios TIC del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un trámite que las habilita a brindar el servicio y que promete más competencia en el mercado.
¿Qué resoluciones habilitan el servicio?
El proceso se formalizó a través de dos resoluciones del Enacom. La resolución 645/2026, publicada en el Boletín Oficial del 28 de julio, incorporó a la Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras y Servicios Públicos de Victorica Ltda. y a la Cooperativa de Agua Potable, Vivienda y otros Servicios Públicos de Alta Italia Ltda.
Unos días antes, el 13 de julio, la resolución 509/2026 había hecho lo propio con la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Provisión de Quemú Quemú Ltda. En todos los casos, la inscripción les permite prestar el servicio de radiodifusión por suscripción.
¿Cuántas cooperativas ya operan en la provincia?
Con estas tres nuevas altas, La Pampa contará con más de una decena y media de entidades solidarias prestando este servicio. Actualmente, ya operan cooperativas en Toay, General Acha, General Pico, Guatraché, Eduardo Castex, 25 de Mayo, Doblas, Jacinto Arauz, Bernasconi, General San Martín, Caleufú, La Maruja, Arata y Trenel, entre otras.
La mayoría utiliza sus redes de fibra óptica y la plataforma Sensa para ofrecer televisión por cable o digital. Algunas también incluyen en sus grillas la programación local y la Televisión Pública Pampeana (TVPP).
El rol pionero de la CPE de Santa Rosa
La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa fue la primera entidad solidaria del país en emitir TV por cable. Ese hito fue posible gracias a la Ley de Servicios Audiovisuales sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández, que derogó la prohibición que pesaba sobre las cooperativas para brindar este servicio, reservado hasta entonces para empresas con fines de lucro.
Esa normativa no solo multiplicó las voces en el sistema de medios, sino que también permitió regular los precios que pagan los consumidores, al romper el monopolio de los privados.