La Pampa asumió la presidencia del Parlamento Patagónico y apunta a defender la Zona Fría
La diputada Luz Alonso quedó al frente del organismo regional, que cumple 35 años. En la mira, la continuidad del régimen de Zona Fría y la defensa de los recursos naturales.
La Pampa quedó al frente del Parlamento Patagónico tras una sesión virtual realizada días atrás, con la diputada Luz Alonso como presidenta y el diputado Enrique Juan como vicepresidente. El encuentro se desarrolló en el recinto de sesiones pampeano y reunió a legisladores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la provincia anfitriona.
Durante la jornada, la vicegobernadora Alicia Mayoral y la nueva titular coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y delinear una agenda propia frente a la coyuntura nacional.
35 años de historia
El próximo 1° de noviembre se cumplirán 35 años de la creación del Parlamento Patagónico, que sesionó por primera vez en la Legislatura de Neuquén. Allí se redactaron el Estatuto de la Región y el Reglamento Interno, aprobados entre el 15 y el 17 de mayo de 1992 en Ushuaia. Desde entonces, el bloque parlamentario patagónico buscó consolidarse con agendas orientadas a defender los intereses históricos, económicos y sociales de la región.
Los ejes que hoy se repiten son la ratificación de la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales y energéticos, y la urgente inversión en la red vial nacional, con prioridad para rutas como la 3, la 40 y la 151. También reclaman el sostenimiento de los incentivos fiscales y los adicionales por Zona Desfavorable, un beneficio que definen como “un acto de estricta justicia distributiva legislada para mitigar las asimetrías geográficas que afrontan los trabajadores y sectores productivos del sur argentino”.
En materia ambiental, el bloque impulsa la coordinación legislativa para la sustentabilidad, la transición energética y la preservación biológica, con un marco jurídico común para inversiones en energías renovables, economía azul y pesca. También promueven corredores turísticos que conecten la cordillera con el océano y seguridad jurídica para grandes proyectos industriales, agropecuarios y energéticos, como Vaca Muerta.
La Zona Fría, el tema que preocupa
Uno de los puntos más sensibles es la Zona Fría. Días atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que “no se modificará el régimen vigente sobre la Zona Fría que beneficia a la Patagonia”, tras reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.
El régimen consiste en la reducción del gas domiciliario. En su origen abarcaba a las provincias del sur argentino, Malargüe y La Puna, pero durante el gobierno de Alberto Fernández se amplió a otras regiones, extendiendo el beneficio a millones de usuarios. Ahora el gobierno nacional quiere quitar el subsidio a quienes lo recibieron por esa ampliación, una medida que perjudicaría directamente a La Pampa y al resto de las provincias patagónicas.
Ante este escenario, desde el Parlamento Patagónico evalúan la posibilidad de un encuentro entre su Comisión de Labor Parlamentaria y los legisladores nacionales de la región, con el objetivo de coordinar acciones y garantizar la continuidad de este derecho. Reuniones similares se realizaron en gestiones anteriores, cuando se discutieron subsidios para combustible y gas, y el rol de la Asamblea de Gobernadores fue clave para sostener esos derechos.
Los orígenes del organismo
Las primeras reuniones de dirigentes patagónicos se remontan a 1965, con la idea de construir un espacio de discusión y planificación. En 1966, los gobernadores de La Pampa y Neuquén, Ismael Amit y Felipe Sapag, iniciaron un trabajo conjunto con el resto de las provincias.
La región se constituyó formalmente el 26 de junio de 1996 con la firma del Tratado Fundacional en Santa Rosa. Lo suscribieron José Estabillo (Tierra del Fuego), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Carlos Maestro (Chubut), Pablo Verani (Río Negro), Ricardo Corradi en representación de Neuquén y Rubén Marín por La Pampa. El Estatuto de la Región Patagónica, firmado el 7 de diciembre de 1999 en Neuquén, incorporó el Foro de Superiores Tribunales de Justicia, completando la presencia de los tres poderes del Estado.