La Pampa apuntó contra la "pata civil" de la dictadura: quién es el exgerente de Mercedes-Benz que va a juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa destacó el inicio del juicio oral contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Producción de Mercedes-Benz, acusado como partícipe necesario en los secuestros de dos trabajadores en agosto de 1977. Uno de ellos, Diego Eustaquio Núñez, sigue desaparecido.

El caso se centra en la responsabilidad de sectores civiles y empresariales durante la última dictadura cívico-militar. Según la acusación, Tasselkraut habría aportado datos para identificar y localizar a los trabajadores Héctor Aníbal Ratto y Diego Eustaquio Núñez, secuestrados en agosto de 1977.

Una causa emblemática

La causa Mercedes-Benz es considerada un precedente clave porque desplaza la mirada desde los ejecutores uniformados hacia quienes, desde posiciones de poder económico y empresarial, habrían colaborado con el aparato represivo.

Durante décadas, los juicios por crímenes de lesa humanidad se concentraron en las Fuerzas Armadas y de seguridad. La reconstrucción de aquellos hechos, sostienen desde el organismo provincial, también exige investigar a quienes pudieron facilitar información, recursos o mecanismos para la persecución de trabajadores y la desarticulación de la organización sindical.

El juicio oral permitirá analizar esas responsabilidades en el ámbito judicial y determinar la participación que le corresponde al acusado, sin que ello implique anticipar una condena.

El contexto de retroceso

La apertura de este proceso cobra un valor adicional en un escenario de cuestionamientos a las políticas de derechos humanos y de obstáculos que dificultan el avance de las investigaciones, según advirtió la Subsecretaría.

Frente a ese panorama, desde el organismo provincial remarcaron que la búsqueda de justicia sigue vigente y que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes.

La palabra de Derechos Humanos

«Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa sostenemos que la memoria democrática exige compromiso institucional, continuidad de las políticas públicas y respeto por la independencia judicial. No hay reconciliación posible sobre el ocultamiento de los hechos ni justicia completa si las investigaciones dejan fuera a quienes pudieron contribuir al funcionamiento del terrorismo de Estado desde estructuras civiles», señalaron.

Y agregaron: «El avance sobre la denominada “pata civil” de la dictadura es indispensable para comprender la dimensión integral del plan represivo y sus vínculos con intereses económicos y empresariales. Investigar estas responsabilidades no supone anticipar condenas, sino garantizar que todas las personas involucradas puedan ser juzgadas con las debidas garantías y que las víctimas accedan a la verdad».

Imagen: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.