La OSEF se cansó de esperar: intimará a los deudores y va a la Justicia

El Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) aprobó por mayoría una resolución que declara de interés institucional y trámite urgente la recuperación de las acreencias que distintos organismos mantienen con la entidad. La decisión busca sostener la liquidez de la obra social y garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.

Según la resolución, aprobada el lunes 7 de septiembre, las acreencias provisorias por contribuciones ascienden a $8.740.641.261,29 al 28 de agosto de 2026. El principal deudor es el Gobierno de la Provincia, con un saldo provisional de $7.682.156.646,66.

Detrás aparecen la Municipalidad de Tolhuin, con $410.147.810,55; la Dirección Provincial de Vialidad, con $406.822.263,24; el Concejo Deliberante de Tolhuin, con $146.601.437,64; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial por su sector pasivos, con $88.461.470,85; y la misma Caja por el sector activos, con $6.451.632,35.

El detalle de la deuda provincial

En el caso del Poder Ejecutivo provincial, el monto se compone de una deuda corriente de julio de 2026 por $4.331.079.661,68 y una deuda histórica de $3.851.076.984,98. Sobre la suma de ambos conceptos se imputó provisoriamente un pago de $500 millones, cuya acreditación aún debe verificarse con información de la Tesorería General.

La resolución establece un cronograma concreto. La Dirección Contable deberá elaborar un informe integral y conciliado que detalle cada deudor, concepto, período, capital, pagos realizados, intereses, antigüedad, intimaciones, convenios vigentes, certificados de deuda y riesgo de prescripción.

Una vez determinado el saldo exigible, OSEF intimará a cada deudor y le dará un máximo de cinco días hábiles para pagar o presentar una propuesta de regularización. Si no hay cancelación o acuerdo admisible, el Servicio Jurídico iniciará las acciones judiciales dentro de los diez días hábiles siguientes. Para las deudas por aportes y contribuciones se recurrirá al juicio ejecutivo.

En el caso específico del Gobierno provincial, una vez conciliada y certificada la deuda, OSEF notificará al Banco de Tierra del Fuego para que actúe como agente de retención, en cumplimiento de la Ley 1627. La norma prevé que el Banco retenga los montos adeudados sobre fondos provinciales de libre disponibilidad y los transfiera directamente a la obra social dentro de las 24 horas.

Otra deuda millonaria por prestaciones RUPE

A esos $8.740 millones se suma otro universo de acreencias que la resolución ordena contabilizar y reclamar por separado: las prestaciones brindadas a beneficiarios RUPE. Al 31 de julio existía una facturación pendiente de $11.369.930.467,38 y un saldo contable neto provisional, luego de notas de crédito, de $10.707.092.057. De ese total, $8.891.260.556,42 corresponden a ejercicios anteriores a 2026 y $1.815.831.500,58 al corriente año.

OSEF aclaró que esas acreencias tienen una naturaleza jurídica y contable diferente de los aportes y contribuciones, por lo que no deben sumarse automáticamente ni seguir el mismo procedimiento ejecutivo. La Dirección Contable deberá determinarlas y certificarlas de manera independiente antes de reclamar al organismo provincial obligado.

La resolución también limita cualquier eventual plan de regularización a un máximo de 12 cuotas e incluye capital, recargos e intereses. No admite quitas, condonaciones ni reducciones de capital o intereses, y establece que el incumplimiento habilitará el cobro judicial del saldo pendiente.

La decisión fue aprobada por mayoría simple del Directorio, con los votos favorables de los vocales Adriana Soria y Horacio Gallegos y el voto negativo del representante del Ejecutivo, Jorge Giménez.