La oposición se planta contra la venta de campos a extranjeros: el plan que ya tiene fecha

La ofensiva opositora contra la venta de tierras rurales a extranjeros sumó un nuevo frente. Mientras un grupo de diputados presentó una medida cautelar para frenar los efectos del DNU 70/2023, otro bloque ya pidió una sesión especial para derogar el artículo que habilitó las compras sin límites.

La presentación judicial la firmaron Miguel Pichetto y Nicolás Massot. El objetivo es que se suspenda la aplicación del artículo 154 del mega decreto hasta que el Congreso se pronuncie. "Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros", explicó Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal.

El legislador advirtió que, tras el fallo de la Corte Suprema, hoy pueden comprarse tierras rurales sin ningún tope, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

El origen del conflicto

Todo comenzó con una causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con las firmas de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, le reconoció legitimación al CECIM, admitió el amparo colectivo y declaró inconstitucional la derogación de la Ley 26.737. Así, la Ley de Tierras Rurales siguió vigente.

Sin embargo, el pasado 29 de septiembre la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda por "falta de legitimación", al considerar que la organización no estaba habilitada para presentarla. El máximo tribunal aclaró que no se expidió sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención del Congreso.

En su escrito, los diputados sostienen que, como consecuencia de ese fallo, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos y ya no rigen los límites por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie. Tampoco la prohibición de adquirir inmuebles ribereños de cuerpos de agua.

La presentación quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.

La apuesta parlamentaria

En paralelo, la oposición ya pidió una sesión especial para el 15 de octubre con un objetivo claro: derogar el DNU 70/2023. La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (UxP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Mónica Frade (Coalición Cívica). A ellos se sumarán los diputados de esas bancadas y otros legisladores, como Marcela Pagano, de Coherencia.

El desafío central será reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Según los cálculos preliminares de los convocantes, los bloques que respaldan el pedido reúnen alrededor de 122 voluntades, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones.

Una de las principales incógnitas es Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, no está garantizado que todo el interbloque se siente en sus bancas. Entre las presencias que aparecen como más firmes están los cinco radicales críticos y Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores todavía discute qué postura adoptar.

La oposición también mira hacia Argentina Federal, el bloque que responde principalmente a los gobernadores de Misiones y Salta, y al MID. Esos votos podrían ser decisivos, sobre todo por el debate vinculado con la emergencia en discapacidad.

Los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz están a favor de dar quórum el 15. Los motiva no solo la derogación del DNU 70/23, sino también los otros dos temas que incluye la convocatoria: la emergencia en discapacidad y el desendeudamiento de las familias. Igual, esperarán a hablar con el gobernador Hugo Passalacqua.

Los salteños de Argentina Federal, Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes, son más cautos y esperarán el regreso de su gobernador, Gustavo Sáenz, que está de viaje en Francia junto a Milei.

Movilización y proyectos

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, convocó a una movilización frente al Congreso el 15 de octubre y pidió que los diputados den quórum para derogar el DNU 70/2023: "Del dicho al hecho. Mientras hablan de soberanía nacional, derogan la Ley de Tierras para vender la Argentina. Nuestras tierras. Nuestros recursos. Nuestro futuro".

Por su lado, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi anticipó que presentará un proyecto para evitar la extranjerización de las tierras. "(Javier) Milei y (Luis) Caputo están entregando dos bienes que no son renovables: territorio y pertenencia a la Nación. El programa anunciado que vende la ciudadanía argentina funciona como una alternativa para la extranjerización de tierras, por eso estoy presentando un proyecto de ley para prohibirlo. Con 350.000 dólares, un extranjero puede venir y comprar costas, lagos o tierras de fronteras, sin cupo ni autorización previa. Además de poner en riesgo el pasaporte, consuman la entrega de nuestro país. Ser argentino no tiene precio", planteó el exministro de Defensa.

En el Senado, los justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron el miércoles un proyecto que deroga el artículo 154 del DNU 70/2023. Así se restituiría la plena vigencia de la ley que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Los legisladores argumentaron: "La protección del territorio nacional constituye una premisa ineludible e irrenunciable para la preservación de la soberanía de cualquier Estado soberano".

El expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra explicó por qué esta vía es posible: "En el control político que plantea la Ley 26.122 (que regula los DNU), hay que aceptar o rechazar el decreto, no se lo puede aceptar o rechazar parcialmente de acuerdo con el texto de la Ley. Pero el Congreso puede sancionar autónomamente una ley que derogue a alguna parte del mega decreto. Eso es absolutamente posible", le dijo Gil Lavedra a TN.

Qué establecía la ley

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, regulaba y limitaba la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15% del total del territorio nacional, un límite que también se aplicaba a nivel provincial y municipal. Además, fijaba un tope para cada comprador: un mismo propietario extranjero no podía tener más de 1.000 hectáreas en la llamada zona núcleo, o su equivalente según la ubicación geográfica.