La nueva Ley Penal Juvenil ya rige: qué cambia para los adolescentes en San Luis

La nueva Ley Penal Juvenil, sancionada como Ley 27.801, ya está vigente en todo el país y reemplaza el antiguo régimen de la Ley 22.278. A partir de ahora, los adolescentes de 14 a 18 años que cometan delitos quedan sujetos a un sistema con reglas diferentes, que en San Luis ya genera movimientos en la Justicia provincial.

Menor edad de punibilidad y nuevos objetivos

Daniela Benenati, jueza penal juvenil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, explicó que uno de los cambios centrales es la baja de la edad de punibilidad: de 16 a 14 años. Esto significa que los chicos más jóvenes podrán ser alcanzados por el sistema penal, aunque con un enfoque distinto al de los adultos.

Según la magistrada, el espíritu de la norma apunta a la reinserción y resocialización del adolescente, con la educación como uno de los ejes del proceso. La ley incorpora herramientas de justicia restaurativa, como la mediación penal y otras medidas que buscan que el joven asuma la responsabilidad por sus actos y repare el daño causado.

“No es dejarlo sin sanción. Es otro tipo de sanción”, aclaró Benenati. Entre las alternativas posibles figuran trabajos comunitarios, reglas de conducta y medidas de reparación. La privación de la libertad queda reservada como último recurso.

Qué dice la ley sobre el encierro

La Ley 27.801 fija un límite máximo de 15 años de pena para los casos alcanzados por el régimen. También contempla distintas modalidades de privación de la libertad, como la prisión domiciliaria, los establecimientos abiertos y los establecimientos especializados. Además, prohíbe expresamente que los adolescentes sean alojados junto con personas adultas.

Benenati advirtió que son pocas las provincias que cuentan con instituciones especializadas para alojar a estos jóvenes. Por eso, San Luis deberá adecuar su legislación y sus estructuras al nuevo régimen penal juvenil.

La realidad puntana frente a la nacional

La jueza diferenció la situación provincial de la de Buenos Aires, donde una magistrada suspendió por 60 días la aplicación de la normativa ante la falta de infraestructura para afrontar un posible aumento de adolescentes privados de la libertad.

“No podemos extender una situación y aplicarla a todo el territorio de la República Argentina, porque cada provincia tiene su realidad”, sostuvo Benenati. En San Luis, menos del 1% de los delitos corresponde a adolescentes, detalló la magistrada. Dentro de ese universo, además, son pocos los casos considerados graves.

A nivel nacional, la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes corresponde a hechos contra la propiedad. Los delitos contra la vida y la integridad sexual representan una proporción menor.

Supervisión y acompañamiento

La nueva ley incorpora la figura del supervisor especializado, encargado de realizar el seguimiento del adolescente e informar a la Justicia sobre su evolución. Estos equipos dependerán del órgano administrativo y trabajarán junto con la Justicia para controlar el cumplimiento de las medidas impuestas.

En San Luis, la Justicia ya trabaja en la adecuación del régimen provincial a la nueva normativa nacional. Benenati remarcó que el sistema penal juvenil también debe respetar los tratados internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes. En ese marco, consideró centrales la prevención, la educación y el acompañamiento familiar y estatal durante el proceso.