La nueva ley penal juvenil ya rige, pero Río Negro aún no sabe cómo aplicarla
Lo anunciaron como un cambio de época y la ley ya está en marcha. Pero en Río Negro nadie sabe aún dónde van a estar los chicos detenidos ni quién los va a cuidar. Mientras los tres poderes se echan la culpa, el reloj corre.
Río Negro arrancó este sábado con un nuevo escenario legal para los menores de edad, pero sin un plan concreto para llevarlo a la práctica. La ley nacional que baja la edad de imputabilidad a los 14 años ya está en vigor, y la provincia admite, en privado, que no está lista.
La norma convierte a los adolescentes en penalmente responsables, un cambio que exige adecuar la legislación provincial, definir centros de detención y montar un sistema de custodia específico. Sin embargo, hasta ahora no hay definiciones públicas sobre cómo se implementará.
Qué dice la nueva ley
La ley nacional que comenzó a regir hoy establece que los menores de 14 años en adelante pueden ser imputados por delitos. Esto implica que la provincia debe adaptar su propio marco legal y crear las condiciones para alojar a esos jóvenes y garantizar su custodia.
El panorama es incierto: el Ministerio de Seguridad no designó centros de detención ni definió el personal especializado que deberá capacitarse. Tampoco hay novedades desde el Poder Judicial.
La reunión del CONIAR
En medio de esa falta de respuestas, la semana pasada se reunió el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Río Negro (CONIAR), presidido por la legisladora Maricel Cévoli. Allí se pusieron en común los aportes de organizaciones e instituciones para avanzar en el proyecto provincial de Procedimiento Penal Juvenil.
“Estamos ante un escenario que requiere que Río Negro pueda avanzar en una normativa propia, construida desde nuestra realidad y con la participación de quienes trabajan todos los días con las adolescencias. Este proceso nos permitió sumar distintas miradas y generar aportes para enriquecer el proyecto”, expresó Cévoli.
Qué pasa con los centros de detención
Por ahora, el Ministerio de Seguridad no definió dónde se alojará a los menores imputados. La SENAF, que hoy opera los dispositivos CAINA, ofreció mantener el sistema tal como está, pero advirtió que para cumplir con los nuevos requerimientos necesita al menos el doble de su presupuesto actual.
En el Poder Judicial tampoco hay definiciones: el defensor General, Ariel Alice, aún no bajó instrucciones a las defensorías de menores.
“Estamos sin definiciones”
Ante las consultas de este medio, los pocos funcionarios que accedieron a hablar lo hicieron off the record. Coinciden en que “estamos sin definiciones” y en que “será complejo” aplicar la nueva ley en la provincia. Entre los tres poderes se pasan la pelota, esgrimen quejas unos de otros y todos aseguran que “no está el presupuesto” para esta etapa.
