La notificación que enciende la cuenta regresiva para Formosa en la Corte
Parecía un trámite simple, pero en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno se topó con exigencias inesperadas. Ahora, con el oficio en mano, empieza el plazo que define el futuro político de la provincia.
La diputada provincial Agostina Villaggi confirmó la notificación formal del oficio judicial que da inicio a la cuenta regresiva de 60 días hábiles para que Formosa responda ante la Corte Suprema por la cláusula transitoria que habilita una nueva reelección.
El conflicto institucional en Formosa entró en una etapa decisiva. Después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara su competencia originaria, la discusión sobre la validez constitucional de la cláusula transitoria número cuatro —incorporada en la reciente reforma constitucional y que permite a las actuales autoridades provinciales computar su mandato como si fuera el primero— tuvo un avance formal clave. La notificación oficial al Poder Ejecutivo marca el inicio de los plazos en los que el Estado provincial deberá exponer su posición jurídica.
En el programa radial “Algo Está Pasando”, que se emite por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, Villaggi, presidenta de la UCR local, dio precisiones sobre las gestiones judiciales, los inconvenientes administrativos en la notificación y el impacto político de la causa.
Notificación con obstáculos en la Casa de Gobierno
El primer paso requirió la intervención del juzgado federal de turno en Formosa para materializar el traslado ordenado por el máximo tribunal. “Después de haber iniciado el proceso en el juzgado federal de turno de la provincia de Formosa, el Juzgado Federal N° 1 nos emitió el oficio correspondiente para poder hacer de forma formal la notificación a la provincia y a la fiscal de estado”, explicó la legisladora. El trámite recayó en el juzgado a cargo del juez Pablo Morán.
La entrega presencial en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno no estuvo exenta de reparos. Según Villaggi, el personal de recepción exigió datos personales y consultó con un superior si aceptaban el oficio. “En un momento dijeron que faltaban las copias para el traslado, pero se le explicó que por orden de la Corte Suprema las copias para traslado las pueden conseguir desde el expediente digital, porque a partir de la Ley Yolanda lo que se busca es evitar la sobreimpresión de papel innecesario cuando está todo digitalizado online”, relató.
La diputada cuestionó la demora tecnológica de la provincia: “Quisieron encontrar algún reparo argumentando que faltaban las copias para el traslado, pero lo que pasa es que la provincia de Formosa está a años luz de todo lo que sea digitalización de expedientes y evitar la impresión innecesaria de papel”.
Plazos y cronograma
Con la notificación formal, corren los 60 días hábiles para que la provincia presente su contestación. “Lo puede hacer antes si quiere, pero el plazo perentorio es de 60 días hábiles”, señaló Villaggi. Según el cómputo procesal, el vencimiento se ubicaría hacia finales de noviembre o principios de diciembre de 2026.
Luego de la respuesta provincial, el expediente seguirá su curso: “Nos van a informar y a correr traslado de lo que respondan, dándonos un plazo de 5 días para que respondamos ese mismo planteo. Se dio un gran paso que es la notificación formal y ahora el expediente va a tener su curso normal dentro de la Corte Suprema”, agregó.
El fondo de la disputa
La demanda impugna la cláusula transitoria que permitió a la fórmula integrada por Gildo Insfrán y Eber Solís computar su mandato actual como el primero bajo la nueva Constitución provincial, habilitándolos a buscar un nuevo período. Para la oposición, la cláusula buscó sortear el límite general a las reelecciones que la reforma estableció para el resto de las candidaturas.
Mientras tanto, el clima político en Formosa es de cautela. En el análisis radial se planteó que el debate trasciende lo técnico e involucra el principio republicano de alternancia, con más de 30 años de permanencia en el poder. También se especula sobre los escenarios procesales: si el dictamen de la Procuración General llegará antes o después de la feria judicial de verano y si un fallo adverso obligaría a reorganizar las candidaturas de cara a los próximos comicios. La incertidumbre jurídica reconfigura la agenda política provincial, que seguirá atenta a los movimientos en los estrados nacionales.
