La ministra Latorre defendió la maestría con fondos empresariales: "A Ilardo se le rompió la calculadora"

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, salió a responder los cuestionamientos por el financiamiento de una maestría que cursó mientras ocupa su cargo en el Ejecutivo provincial. Lo hizo en diálogo con Radio Post FM 92.1, donde defendió el uso de aportes de empresas privadas, sostuvo que el procedimiento se ajustó a la normativa y negó que haya un conflicto ético.

La funcionaria apuntó directamente contra el diputado Lucas Ilardo, autor del planteo. "Yo creo que es legal. Y yo creo que es ético", afirmó al inicio de su explicación, y más tarde sumó una frase que rápidamente se convirtió en el eje de la entrevista: "Tengo para decir que a Ilardo se le ha roto la calculadora".

De dónde salió el dinero

Latorre aclaró que los recursos no provinieron de impuestos provinciales ni de rentas generales. Según su versión, el dinero salió de un fideicomiso que recibe aportes obligatorios de las empresas que se presentan a licitaciones, y cuyo destino específico es el fortalecimiento institucional, un rubro que contempla la capacitación de funcionarios y empleados públicos.

"Hay un fideicomiso, ese fideicomiso recibe el aporte de las empresas, las empresas cuando se presentan a una licitación por ley tienen que hacer aportes obligatorios", explicó. En la misma línea, insistió: "Esto no viene de rentas generales, no es que les estoy quitando para formarme en lo que trabajo fondos a las escuelas o a los hospitales o a la seguridad".

La ministra argumentó además que la formación de quienes administran recursos públicos resulta necesaria para afrontar las discusiones técnicas con el sector privado y para intervenir en decisiones vinculadas a actividades complejas como la energética.

La comparación con docentes y médicos

En la entrevista, que se emitió por el programa Tenés que saberlo, le preguntaron por el reclamo de docentes y profesionales de la salud que deben pagar de su bolsillo sus propias capacitaciones. La respuesta de Latorre fue evasiva: "No me corresponde a mí ponerme en la comparativa con ese maestro o con ese médico".

Agregó que en su ministerio existe una resolución que contempla la formación continua y que otros trabajadores y funcionarios también realizan especializaciones, posgrados y cursos.

Sin título todavía

La funcionaria confirmó que ya terminó de cursar la maestría, de un año de duración, aunque todavía no tiene el título en mano. "Ya la terminé el viernes pasado, el cursado. Este es el primer fin de semana que no curso la maestría de un año", contó. Y precisó: "Ya aprobé todas mis materias, lo único que me falta es presentar la tesis y que me la aprueben".

También le consultaron por el beneficio personal que podría obtener de una formación financiada durante su paso por la función pública, teniendo en cuenta que su gestión tiene como horizonte el 10 de diciembre de 2027. Latorre aseguró que los contenidos de la maestría están directamente relacionados con las responsabilidades de su ministerio.

"La hice para formarme y volcar los conocimientos en mi gestión, no pensando en una gestión o capitalización de esos conocimientos a futuro", sostuvo. Incluso afirmó que utilizó situaciones concretas de su trabajo en el Gobierno provincial para resolver los ejercicios y evaluaciones de las distintas materias.

La polémica por el 10% de descuento

Otro de los focos del cuestionamiento fueron los montos pagados y un descuento del 10% que, según el planteo mencionado durante la entrevista, no habría sido contemplado correctamente en el reintegro. Latorre explicó que la maestría estaba cotizada en euros, mientras que la liquidación se hizo en pesos mediante una conversión que involucró al dólar.

"Se hizo el descuento del 10% y se liquidó convertido al tipo de cambio de ese momento en pesos, no hay ninguna diferencia ahí", aseguró. Según su relato, primero realizó un pago para reservar su lugar y después canceló el saldo: la bonificación por pago anticipado fue aplicada y, a su entender, no existió diferencia entre el importe correspondiente y el dinero liquidado.