La ministra de Educación de Salta niega que la unidad educativa 7160 sea una "escuela fantasma"

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, defendió el funcionamiento de la unidad educativa 7160 y negó que se trate de una estructura ficticia destinada a concentrar cargos. Explicó que nació en 2004 para atender la educación en contexto de encierro, que luego fue utilizada para reubicar personal y que actualmente el Gobierno trabaja en su disolución y transferencia de cargos. Confirmó que entregará la documentación a la Justicia.

En diálogo con la prensa, Fiore lamentó "profundamente la tergiversación que se hizo respecto de la 7160". "No se trata de una escuela fantasma y mucho menos de un lugar lleno de ñoquis. Eso es total y absolutamente mentira", afirmó.

La funcionaria explicó que el sistema educativo tiene más de 2.500 unidades y que la 7160 funcionó durante mucho tiempo como una suerte de rueda de auxilio: hay personas que figuran con cargos de esa unidad pero que en realidad trabajan en escuelas, áreas administrativas o programas específicos.

El origen de la 7160

Según relató Fiore, la unidad nació alrededor de 2004 dentro del sistema de educación especial y en el ámbito del penal de mujeres. Era una estructura pequeña destinada a la educación en contexto de encierro. Luego fue trasladada a la Comisaría del Menor de Castañares y, con los años, sucesivos decretos fueron incorporando cargos y modificando su estructura.

Tras un período en el que casi desaparecen las referencias, la unidad volvió a tener peso a partir de 2019, cuando el fallo de la Corte Suprema eliminó la educación religiosa de las escuelas públicas de Salta. A partir de allí, se usó para reubicar a los maestros de religión que quedaron sin dictar esa materia en horario formal. "Se los capacitó en aspectos pedagógicos y administrativos para que pudieran incorporarse al sistema", detalló la ministra.

Los cargos y las sospechas

Fiore negó que sean 300 las personas comprendidas, como se difundió. "Son bastante menos. Estamos hablando de unas 200 y, con suerte, llegarán a unas 230", precisó. Aproximadamente el 75% tiene más de cinco años de antigüedad y hay casos de hasta diez años, con cargos renovados.

Consultada sobre las listas que dieron origen a la denuncia, que mencionan a personas vinculadas al gremio ADP y familiares de dirigentes, respondió: "Hay que separar las cosas. Se mencionó, por ejemplo, a la hija del secretario de ADP y eso es absolutamente falso: no tiene ninguna designación". En ese sentido, recordó que existen convenios históricos por los cuales la Agremiación Docente Provincial aportaba infraestructura para jardines de infantes y el Ministerio proveía el personal. "No es algo que haya creado esta gestión", aclaró.

La ministra también mencionó que hay personal de la 7160 trabajando en el SINIDE —el sistema que hace seguimiento de casi 400.000 matrículas— y en la UPACE, creada para atender situaciones de crisis y violencia en establecimientos educativos.

Para ordenar la situación, el Ministerio inició un expediente el 18 de mayo que apunta a disolver la unidad y transferir los cargos a los lugares donde efectivamente se prestan servicios. "Queremos transparentar y ordenar", sostuvo.

Fiore reconoció que la 7160 no es el único caso: 66 establecimientos dejaron de funcionar desde 2014 por falta de matrícula y sus cargos se usaron para cubrir necesidades en otras escuelas. "No he encontrado un precedente de un decreto específico de cierre de unidades educativas", señaló, y advirtió que el desafío demográfico por la caída de la matrícula puede ser una oportunidad para mejorar el sistema, con menos alumnos por docente y enseñanza más personalizada.

Sobre el aspecto económico, indicó que cada cargo ronda los 700 mil pesos y que la unidad tiene un presupuesto asignado.

La denuncia y la Justicia

La denuncia fue impulsada por una docente cesanteada. Fiore contó que, al asumir, encontró docentes con más de 150 días de inasistencias injustificadas y que, tras un sumario con derecho de defensa, de 127 casos quedaron 116 cesantes, entre ellos la docente que denunció. No quiso hacer una valoración sobre una posible vinculación: "La Justicia deberá determinar qué hay de cierto en cada uno de los planteos".

La ministra confirmó que presentará toda la documentación oficial —listados, designaciones y planillas de asistencia— y que no se basará en publicaciones de redes sociales ni capturas sin verificar. "Me parece bien que la Justicia investigue. Es una oportunidad para aclarar una situación que, a mi entender, fue tergiversada", concluyó.

Respecto del pedido de apartamiento de algunos sectores docentes, respondió que esa decisión le corresponde al gobernador. "Tengo la documentación y no tengo nada que esconder", cerró.