La minería quiere abrir la mano, pero hay un detalle que en Salta no están dispuestos a soltar

La pelea entre los proveedores mineros de las provincias productoras y las empresas con base en Buenos Aires por el esquema de compre local viene escalando desde principios de mes y ahora tiene fecha y lugar: el 29 de octubre en Rosario, durante las Rondas de Negocios RIGI que organiza el Ministerio de Economía de la Nación.

El detonante fue una conferencia de Forbes a principios de septiembre, donde el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, puso en duda la constitucionalidad de las leyes provinciales de cupo laboral y compra local. Dijo que avanzar hacia un esquema sin cupos es "el escenario al que le gustaría ir o al que están trabajando para llegar".

Lucero describió que "hay muchas provincias que han optado por el camino de establecer normas" que "exigen que los proveedores y los empleados sean de la provincia", con pisos de empleo local que llegan "del orden de los 90% o del 70 o del 80". También recordó al ministro Federico Sturzenegger, quien había calificado esas normativas como "jurídicamente hablando inconstitucionales porque son una aduana interior".

El rechazo salteño

En Salta, la cadena de proveedores locales no tardó en reaccionar. El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (Capemisa), Federico Russo, sostuvo que la discusión sobre la prioridad de contratación local "ya está zanjada" y que ni siquiera las propias empresas mineras la cuestionan.

"Nos desconcertó un poco porque es un debate que ya está zanjado y ni las mismas empresas mineras lo plantean. La contratación de empleo es algo que va más allá de lo legal hacia la licencia social", explicó en un comunicado difundido por Capemisa.

Russo atribuyó buena parte de la aceptación social que hoy tiene la minería en las provincias a la generación de empleo y al desarrollo de proveedores locales, que reinvierten sus ganancias en las economías regionales. Además, propuso avanzar hacia esquemas de asociativismo entre pymes provinciales y empresas de mayor escala mediante UTE (unión transitoria de empresas), para que las compañías locales sin espalda financiera o tecnológica puedan integrarse a los grandes contratos sin resignar participación.

También impulsa mecanismos de subcontratación para que parte de los contratos que hoy quedan en manos de empresas con gran capacidad financiera se derive hacia proveedores provinciales con experiencia y personal capacitado. Esa propuesta la llevó a la Mesa del Litio, junto con el pedido de contratos de mayor plazo que permitan a los proveedores invertir y capacitar personal.

La respuesta de Fapromin

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), que integra Capemisa junto a otras cámaras provinciales, respondió con un comunicado en el que acusó a Lucero de desconocer "la historia reciente de la actividad minera de Argentina".

La entidad sostuvo que la licencia social de la que goza hoy la minería se construyó "mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos", y advirtió que modificar ese esquema "podría atentar contra las inversiones por venir".

Desde Fapromin insistieron en que las empresas buscan operar "en lugares previsibles, sin conflictos, sin comunidades que se opongan, sin cortes de ruta ni cuestionamientos a su imagen pública". Para graficar los riesgos, apelaron al antecedente de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca: recordaron que tras más de 20 años de producción el yacimiento "no dejó en Catamarca lo que debería" porque las contratistas llegaron de otras provincias, no tuvieron presencia física ni contrataron mano de obra local, y al retirarse dejaron como saldo "una fuerte resistencia a la actividad minera, que incluyó puebladas y acciones violentas".

Qué dice la ley salteña y qué prevé el RIGI

En Salta, el reclamo de los proveedores se apoya en la ley de promoción minera provincial, que obliga a contratar entre el 40% y el 70% de trabajadores salteños o con residencia en la provincia, piso que se replica para la adquisición de servicios, obras, bienes e insumos locales.

El RIGI prevé, en tanto, un piso mínimo del 20% de contratación de bienes y obras a proveedores locales, sujeto a disponibilidad y condiciones de mercado. Pero la reglamentación nacional define como "proveedor local" a toda empresa argentina, sin distinción de la provincia en la que esté radicada.

Rosario, el próximo round

La discusión resurgió de cara a las Rondas de Negocios RIGI que organizará el Ministerio de Economía el 29 de octubre en Rosario, primera de una serie de encuentros pensados para vincular a los grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país.

En ese contexto, Capmin, la cámara nacional de proveedores que preside Manuel Benítez, insistió en la necesidad de que las provincias se abran a empresas de otras regiones. La entidad planteó que la industria minera "requiere capacidades que, en muchos casos, exceden las posibilidades de una localidad o territorio determinado" y llamó a superar la dicotomía entre proveedor local y nacional: "Ambas empresas son proveedoras argentinas. Y forman parte de la industria, ambas contribuyen al desarrollo", señaló.

Fapromin confirmó que participará del encuentro de Rosario, pero reafirmó "el compromiso inquebrantable" con los proveedores y las comunidades de cada provincia productora.

En Jujuy, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Javier Grenni, defendió el compre local con el mismo argumento: sostuvo que los recursos pertenecen a las provincias y que la cámara estará "del lado de las empresas de la provincia y de la mano de obra local". En Catamarca, los proveedores también reclaman reglas y herramientas que permitan ampliar la participación provincial en los proyectos de litio y cobre que se esperan para los próximos años.

Con la fecha de Rosario cada vez más cerca, la tensión entre el compre local provincial y el compre nacional impulsado desde el centro del país sigue sin resolverse.