La minería busca 2.000 santacruceños: el plan que avanza en la Legislatura

La Cámara de Diputados de Santa Cruz avanza con un proyecto que promete abrir las puertas del sector minero a 2.000 residentes de la provincia. Se trata del Programa Extraordinario de Capacitación e Inserción Laboral Minera, una iniciativa que combina formación técnica, prácticas supervisadas y una asignación estímulo, financiada con recursos del Fondo UniRSE.

El proyecto, identificado como 396/26, fue presentado por el diputado Javier Jara y lleva también las firmas de Claudia Barrientos, Fernando Pérez y Patricia Urrutia. Ingresó a la Legislatura el 24 de junio de 2026 y, desde entonces, experimentó cambios significativos.

De 1.000 a 2.000 cupos: qué cambió

La propuesta original estaba destinada exclusivamente a 1.000 mayores de 18 años de la zona norte, incluyendo localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas, Koluel Kayke, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo.

Sin embargo, durante el tratamiento en la Comisión de Trabajo, los legisladores solicitaron modificar los artículos 1 y 2. El 12 de agosto, la Cámara informó oficialmente que se duplicó la cantidad de beneficiarios a 2.000 y se extendió el programa a todas las localidades de Santa Cruz. Además, la iniciativa obtuvo despacho favorable en las comisiones de Trabajo, Recursos Naturales y Asuntos Municipales, y ahora debe pasar por Presupuesto y Hacienda.

Queda por definir un punto clave: cómo se distribuirán los 2.000 lugares entre las distintas ciudades y comisiones de fomento. El texto inicial tenía cupos específicos para la zona norte (240 para Caleta Olivia y 180 para Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado), pero esa distribución quedó desactualizada al ampliarse el programa. La Cámara aún no publicó un nuevo reparto territorial consolidado.

El proyecto también establece una prioridad para jefes y jefas de hogar cuyas familias no perciban ingresos formales al momento de inscribirse. Para determinarlo, se prevé cruzar información con los ministerios provinciales de Trabajo y Desarrollo Social.

Capacitación, prácticas y una asignación estímulo

El programa no se limita a cursos. Contempla formación orientada al trabajo en minería y su cadena de valor, con contenidos de seguridad e higiene, educación técnica inicial, perfeccionamiento y certificación del trayecto. La autoridad de aplicación podría sumar otras capacitaciones según las necesidades del sector.

Uno de los puntos más atractivos son las prácticas formativas supervisadas, que podrían desarrollarse en organismos provinciales, municipios, comisiones de fomento, empresas estatales, concesionarias de servicios públicos y, especialmente, en empresas mineras, contratistas y proveedores que operen en Santa Cruz. Los convenios deberían establecer un tutor responsable, actividades, carga horaria, cobertura de seguros y elementos de protección personal.

El artículo 7 del proyecto introduce una asignación estímulo cuyo valor no podría ser inferior a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con el salario mínimo fijado en $383.800 desde el 1° de septiembre de 2026, eso equivale a $1.535.200. No obstante, el texto no aclara si ese monto es mensual, por lo que no corresponde presentarlo como un sueldo mensual hasta que la reglamentación lo defina. Además, participar del programa no genera ingreso a planta estatal, estabilidad ni relación laboral directa con el Estado provincial.

Financiamiento y control

El financiamiento provendría del Fondo UniRSE, un fondo público provincial destinado a inversiones sociales y sanitarias, obras, proyectos productivos y desarrollos tecnológicos. El proyecto autoriza afectar recursos por el equivalente en pesos a USD 1 millón por mes durante seis meses, lo que representa un esquema previsto de hasta USD 6 millones, con conversión al tipo de cambio vendedor del Banco Nación previo a cada desembolso.

La información oficial sobre las modificaciones de agosto solo menciona cambios en los artículos 1 y 2, sin referencia al financiamiento. Será necesario conocer el texto consolidado antes de la sanción para confirmar cómo queda finalmente ese esquema.

En cuanto al control, la autoridad responsable debería informar mensualmente a la Cámara de Diputados y a los concejos deliberantes o comisiones de fomento sobre beneficiarios incorporados, cupos, convenios firmados, fondos ejecutados y resultados de inserción laboral. Los municipios tendrían facultades para fiscalizar la selección de participantes y verificar las prácticas en las empresas.

¿Quiénes podrán anotarse y qué falta?

Por ahora no hay inscripción abierta. El programa sigue siendo un proyecto legislativo y nadie puede anotarse ni reclamar uno de los 2.000 lugares. La última actualización oficial indica que la iniciativa obtuvo despacho favorable en Trabajo, Recursos Naturales y Asuntos Municipales, y debe continuar en Presupuesto y Hacienda. Ese paso es clave porque implica afectar recursos del Fondo UniRSE.

Si se convierte en ley, el Poder Ejecutivo deberá designar una autoridad de aplicación y reglamentarlo dentro de los 30 días posteriores a su publicación.

El principal interrogante es qué ocurre después de la capacitación. El nombre del programa habla de "inserción laboral minera", pero participar de las prácticas no garantiza un puesto permanente. El resultado real se medirá por cuántos beneficiarios consigan empleo formal en la minería o su cadena de proveedores.

Por ahora, la propuesta dio un paso importante al pasar de 1.000 cupos concentrados en zona norte a 2.000 lugares para toda Santa Cruz. Si completa el recorrido legislativo, aún deberán conocerse tres datos fundamentales: cuántos cupos tendrá cada localidad, cuándo abrirán las inscripciones y cuáles serán los requisitos definitivos.