La 'Mafia de las Escrituras' no se cierra: qué prueba clave falta para definir el juicio

La Justicia de San Luis volvió a estirar el plazo de la investigación por las maniobras inmobiliarias que sacuden a la provincia. La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y concedió una nueva prórroga de seis meses, la tercera desde que arrancó el expediente.

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat, había solicitado la ampliación durante una audiencia realizada este jueves, con el argumento de que todavía quedan diligencias pendientes antes de poder cerrar la etapa preparatoria.

La causa, bautizada popularmente como la "Mafia de las Escrituras", tiene a quince personas imputadas y analiza presuntas maniobras fraudulentas para quedarse con terrenos, viviendas y campos en distintos puntos de la provincia.

Qué falta para avanzar

Según lo expuesto en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal aún debe completar una pericia documentológica integral, considerada central para sostener la acusación, y tomar declaración a alrededor de veinte testigos.

El expediente fue declarado complejo justamente por la cantidad de imputados, el volumen de documentación acumulada y la multiplicidad de informes y pericias que deben cruzarse antes de decidir si el caso va a juicio.

Con esta nueva extensión, la Fiscalía tendrá tiempo hasta mediados del año próximo para intentar reunir las pruebas restantes y avanzar hacia el control de la acusación.

Las medidas que siguen firmes

En la misma audiencia, la jueza Banó resolvió mantener las medidas de coerción que pesan sobre los acusados. Los imputados seguirán con prohibición de salir de la provincia, inhibición general de bienes y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

La inhibición patrimonial ya había sido sostenida por la magistrada en resoluciones anteriores, con el argumento de que resulta necesaria frente a la naturaleza económica de los hechos investigados y para resguardar eventuales responsabilidades civiles.

La primera prórroga se había concedido en noviembre de 2025 y la segunda, también por seis meses, en mayo de este año.

Cómo nació la causa

La investigación se puso en marcha a partir de denuncias de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes alertaron sobre presuntas maniobras para obtener irregularmente la titularidad de propiedades en San Luis.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían integrado una organización dedicada a apropiarse de inmuebles mediante documentación presuntamente falsa, procesos sucesorios y cesiones de derechos cuestionadas, además de juicios de escrituración.

Entre los mecanismos bajo la lupa aparece el uso de domicilios que no corresponderían a los verdaderos propietarios. Según la acusación, esa maniobra habría impedido que algunas víctimas fueran notificadas correctamente de los procesos judiciales, lo que habría permitido avanzar con declaraciones de rebeldía y obtener resoluciones favorables para transferir propiedades sin que sus dueños lo supieran.

Uno de los principales señalados es el abogado Juan Cruz Domínguez, a quien la Fiscalía identificó desde el inicio como presunto autor intelectual de parte de las maniobras.

La investigación abarca al menos veinte operaciones inmobiliarias distribuidas en distintas localidades de la provincia, y el perjuicio patrimonial fue estimado inicialmente en varios millones de dólares.

Los nombres del expediente

Entre los imputados figuran Juan Cruz Domínguez, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, María de los Ángeles Toscano, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, Walter Luis Alejandro Terceros, José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández, Ruth Sonia Agüero, Carlos David Genta y Salvador Presti.

Con la nueva prórroga, la causa seguirá al menos otros seis meses en etapa de investigación. El objetivo del Ministerio Público Fiscal será completar las pruebas pendientes y determinar si existen elementos suficientes para llevar a los acusados a juicio.

Fuente: El Diario de San Luis