La maestra que filmaba a sus alumnos tenía un pasado que nadie en la escuela conocía

Una docente de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, ubicada sobre la avenida del Libertador al 4900, en Palermo, fue apartada de su cargo después de que alumnos y padres denunciaran una serie de episodios que encendieron todas las alarmas en la comunidad educativa.

Según los testimonios que dieron a conocer las familias, la maestra habría usado su celular para filmar a los estudiantes. También les habría pedido información personal, como el número de DNI y la dirección de sus casas, a través de actividades realizadas en clase.

Frente a ese cuadro, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió separarla de sus funciones, identificarla como Roxana Carolina Cayo e iniciar una investigación administrativa sobre los presuntos hechos. La cartera educativa informó además que el caso fue denunciado ante la Justicia.

Los relatos que encendieron la alarma

De acuerdo a lo informado por Clarín, distintos alumnos comenzaron a contarles a sus padres situaciones llamativas protagonizadas por la mujer. Uno de ellos aseguró que Cayo los grababa con un teléfono y que quienes se negaban a participar no podían salir al recreo.

Otros estudiantes señalaron que la maestra les había pedido en algunas oportunidades el DNI y la dirección de sus domicilios. Las familias contaron que, durante una actividad, los chicos de sexto grado debían dibujar un DNI y completar allí sus datos personales y los lugares a los que solían ir.

El antecedente penal que cambió todo

El caso tomó otra dimensión cuando las familias se enteraron de que la docente tenía un antecedente penal por la muerte de su hija. Cayo había sido condenada por homicidio culposo y permaneció cuatro años prófuga antes de ser detenida en 2014.

La causa se inició por la muerte de una bebé de seis meses ocurrida en 2010, cuando la mujer había dejado a sus hijos solos durante varias horas. En ese lapso, la menor sufrió una caída de la cama que terminó provocándole la muerte.

En ese momento, la Justicia había ordenado su captura por una acusación de abandono de persona seguido de muerte. Cayo fue detenida en Florencio Varela por efectivos de la DDI de Esteban Echeverría, mientras trabajaba en un establecimiento educativo de la Ciudad de Buenos Aires.

La calificación legal del caso tuvo un cambio durante el proceso judicial. Según el medio citado, el juez de primera instancia había considerado el hecho como homicidio doloso, pero posteriormente la Cámara de Casación modificó la calificación a homicidio culposo.

Qué dice la normativa y qué pasará ahora

Voceros de la cartera educativa explicaron a TN que la normativa vigente establece una diferencia entre las condenas por delitos dolosos y culposos. Mientras una condena por un delito doloso impide la reincorporación a la docencia, una condena por un delito culposo permite el regreso al sistema una vez cumplida la condena y los cinco años de cesantía administrativa correspondientes.

A raíz del caso, el Ministerio de Educación porteño informó que, además de separar a Cayo de su cargo e investigar las denuncias, iniciará un proceso para modificar el decreto reglamentario de la normativa vigente.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió con las acusaciones realizadas por las familias y si existió alguna irregularidad en el comportamiento de la docente dentro de la escuela.