La Libertad Avanza le puso un freno a la reforma de la Carta Orgánica y ya habla de ir a la Justicia

Exconvencionales municipales de La Libertad Avanza le pidieron a la Legislatura que respete la Carta Orgánica de la ciudad de Salta y anticiparon que si prosperan los cambios que impulsa una comisión del Senado, el caso terminará en tribunales. El planteo llegó por escrito y tuvo como destinatario al presidente de la Cámara, Antonio Marocco.

La nota apunta contra el dictamen de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional. Quienes firman consideran que ese cuerpo "se ha excedido en la tarea de compatibilización que le compete", porque no se limitó a cotejar el texto con las constituciones nacional y provincial, sino que avanzó con modificaciones y hasta con la eliminación de cláusulas que ya habían sido aprobadas por la Convención Municipal.

El argumento central es el alcance del artículo 174 de la Constitución Provincial. Según la presentación, esa intervención debería servir solo para verificar la compatibilidad del articulado y dejar intactas las demás disposiciones sancionadas.

Los 17 puntos que observan

El escrito enumera 17 objeciones concretas al dictamen. Una de las más visibles es la supresión del requisito de título secundario completo para asumir como concejal. A eso se suman la eliminación de disposiciones sobre rendición de cuentas y de los mecanismos de participación ciudadana en el tratamiento del presupuesto.

También rechazan que se hayan quitado las previsiones que ponen un límite a la contratación de personal y el derecho de los vecinos a conocer el componente tributario municipal que pesa sobre las transacciones comerciales.

En la misma línea, cuestionan la desaparición del artículo sobre la imagen institucional del Municipio y del párrafo que fija los principios de subsidiariedad estatal, preeminencia de la iniciativa privada y promoción de la libre empresa.

El ojo puesto en los organismos de control

Las observaciones alcanzan al Tribunal de Cuentas. Los firmantes rechazan la supresión de las modificaciones sobre la duración de los cargos y de la cláusula transitoria que refiere a sus actuales vocales, además de los cambios en los principios de control y en la autonomía de fiscalización.

Respecto del Tribunal de Faltas, objetan la quita de la participación ciudadana en la designación de sus integrantes y del concurso público para cubrir los cargos de secretarios. Sobre el Defensor del Pueblo, el reproche es la eliminación de términos que definían su independencia.

La presentación deja abierta la puerta a una salida judicial: si las modificaciones avanzan, los exconvencionales ya avisaron que acudirán a la Justicia.