La ley que regula a los ingenieros en Jujuy nació en 1989: por qué ahora quieren modernizarla

La Ley Provincial N° 4430, que desde 1989 regula el ejercicio de la ingeniería en Jujuy, enfrenta su mayor desafío: actualizarse para no quedar obsoleta frente a la desregulación que impulsa el Gobierno nacional. El Colegio de Ingenieros de Jujuy, depositario del poder de policía delegado por el Estado, busca blindar su rol con herramientas jurídicas modernas.

La norma fue sancionada con un mandato claro: resguardar el interés público, garantizar la idoneidad técnica en cada obra y velar por la seguridad de la comunidad. Durante más de tres décadas, funcionó como la columna vertebral del ejercicio profesional en la provincia, facultando al Colegio para fiscalizar la matrícula, delimitar responsabilidades y exigir el cumplimiento del código de ética.

Hoy, esa estructura se ve interpelada por un debate nacional que pone en tela de juicio la colegiación obligatoria bajo la premisa de la desregulación económica. Desde el ámbito técnico local advierten que homologar la ingeniería con una actividad comercial desregulada sería una amenaza directa a la seguridad pública.

¿Por qué actualizar una ley de 1989?

La inmovilidad no protege a las instituciones: las vuelve vulnerables. Una ley redactada para la era del papel vegetal, sellos de tinta y expedientes físicos debe adaptarse a los desafíos del Jujuy actual. El ámbito de la ingeniería abarca hoy especialidades con una disrupción sin precedentes: minería de litio, ingeniería química y metalúrgica, diseño electromecánico de plantas, ingeniería civil y vial con nuevas exigencias sísmicas y climáticas, ingeniería informática abocada a la ciberseguridad, datos masivos e inteligencia artificial, agronomía, ambiente y telecomunicaciones, atravesadas por el modelado digital (BIM), gemelos digitales y la automatización.

Actualizar la Ley 4430 no significa desregular ni relajar exigencias, sino jerarquizar la función técnica con herramientas jurídicas modernas. Los ejes que se proponen son cuatro.

Firma digital y visado electrónico

La ley debe consagrar de manera explícita la equivalencia jurídica de la firma digital (Ley Nacional 25.506) para todos los actos de la ingeniería. La digitalización integral del visado colegiado ante municipios y organismos provinciales desburocratiza y acelera las inversiones estratégicas, pero elevando la trazabilidad, inalterabilidad y transparencia que el papel jamás podrá asegurar.

Competencias críticas reservadas

La Ley 4430 utiliza la fórmula «en todas las ramas comprendidas», un paraguas legal amplio que permite matricular a cualquier graduado oficial, pero que hoy resulta insuficiente. El dilema no es si estas especialidades existen, sino quién tiene la competencia exclusiva sobre tareas críticas de alto riesgo.

Al no estar taxativamente delimitadas, ocurren tres problemas graves: superposición de competencias (¿la auditoría de software crítico en una planta química la firma un informático, un químico o el proveedor del software?), falta de exigencia legal (las empresas contratan técnicos no matriculados para ensayos no destructivos porque la ley no lo prohíbe explícitamente) y desprotección civil y ambiental (si ocurre un siniestro en un parque de baterías de litio, el juez queda en una zona gris para determinar responsabilidades).

Territorialidad y ejercicio remoto

Frente a la deslocalización digital que habilita la elaboración remota de proyectos fuera de Jujuy, la norma debe reafirmar que toda obra, montaje, diseño de software crítico, peritaje o instalación radicada en territorio jujeño requiere la intervención, visado y responsabilidad directa de un profesional matriculado en el Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Funcionamiento institucional

La incorporación formal de asambleas con modalidad híbrida y la constitución del domicilio electrónico para las actuaciones del Tribunal de Ética garantizarán la participación activa de los ingenieros de todas las especialidades en toda la geografía provincial, fortaleciendo la legitimidad democrática del ámbito colegiado.

Frente a los embates que buscan debilitar los controles técnicos, la mejor respuesta es la jerarquización y modernización de nuestras propias normas. Abrir este debate en la Legislatura provincial no es ceder terreno a la desregulación, sino consolidar a las 43 ramas de la ingeniería matriculada como el pilar técnico, ético y científico indispensable para el desarrollo seguro, soberano y sustentable de Jujuy.