La ley que protege a docentes denunciados en Santa Cruz: seis artículos quedaron en el aire

Santa Cruz ya tiene formalmente la Ley Facu, la norma que crea la figura de un acompañante socioafectivo para docentes y empleados públicos que enfrenten investigaciones o sumarios administrativos. Pero la puesta en marcha quedó incompleta: el Ejecutivo promulgó la ley de manera parcial y observó seis artículos.

La decisión se formalizó a través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial del 13 de octubre, que promulgó la norma bajo el número 4025. El texto lleva la firma del vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del Poder Ejecutivo.

La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre y fue impulsada por la diputada provincial Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz.

Qué cambia para los trabajadores denunciados

El corazón de la ley es la creación del acompañante socioafectivo: una persona de confianza o un familiar que el trabajador puede designar para que lo sostenga emocionalmente durante un procedimiento administrativo en el que figure como denunciado.

Ese acompañante no interviene en la investigación ni reemplaza al abogado. Su rol es la contención. La ley aclara además que pedir este acompañamiento no puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad administrativa, disciplinaria ni penal.

La norma también prevé la confidencialidad de las actuaciones y la posibilidad de que el trabajador cambie a la persona designada si lo considera necesario.

Los seis artículos que el Ejecutivo observó

El decreto vetó parcialmente los artículos 2, 6, 7, 8, 13 y 14, y acompañó esa decisión con propuestas de redacción alternativa. Las observaciones apuntan a cómo funcionará la ley en la práctica:

Inicio del acompañamiento: se propone que arranque recién desde la notificación fehaciente del procedimiento.

Protocolos de actuación: deberán ser elaborados por las autoridades de aplicación correspondientes.

Equipos profesionales: se busca precisar sus funciones y dejar claro que no intervendrán en la tramitación administrativa.

Integración de los equipos: la cantidad y especialidad de sus integrantes las definirá la autoridad competente.

Autoridad de aplicación: se contempla precisar qué organismos serán los responsables de implementar la normativa.

Situación salarial: se propone que la percepción de haberes durante un procedimiento se ajuste a los regímenes laborales y reglamentaciones vigentes para cada trabajador.

El punto salarial: qué dice el decreto

El artículo 14 era uno de los más sensibles. La redacción originalmente aprobada establecía que el salario del agente denunciado no debía verse afectado mientras durara el procedimiento.

El Ejecutivo propuso una fórmula alternativa que remite a las normas, convenios colectivos y reglamentaciones vigentes aplicables a cada trabajador. Según los fundamentos del decreto, esa precisión busca contemplar las diferencias entre los distintos regímenes laborales y disciplinarios que rigen en la administración pública provincial.

El texto aclara que esto no implica una modificación automática de los salarios: su tratamiento seguirá dependiendo de la normativa correspondiente a cada situación.

Quiénes estarán a cargo de implementarla

El decreto define que el Consejo Provincial de Educación será la autoridad de aplicación para el personal docente. Para el resto de los trabajadores de la administración pública provincial, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ambos organismos podrán articular acciones con otras dependencias provinciales. Entre los aspectos que deberán definirse están los protocolos de acompañamiento y las características de los equipos profesionales.

La historia que le dio el nombre

La ley lleva su nombre en memoria de Facundo Díaz, profesor de música de un jardín de infantes de Río Gallegos que falleció en 2019, después de atravesar una denuncia por presunto abuso.

Su madre, Graciela Riquelme, impulsó durante años la creación de herramientas de acompañamiento para docentes que atraviesan situaciones similares. La propuesta encontró respaldo legislativo en el proyecto de la diputada Nieto y logró la aprobación en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

El propósito es fortalecer los mecanismos de contención institucional durante los procesos administrativos, respetando tanto los derechos de las personas denunciadas como el desarrollo de las investigaciones.

Qué falta para que la ley funcione a pleno

Con la publicación del decreto, la Ley Facu quedó promulgada parcialmente como Ley Provincial 4025. Los seis artículos observados, junto con las propuestas alternativas del Ejecutivo, deberán seguir el procedimiento constitucional correspondiente.

Después de eso, las autoridades competentes podrán avanzar con los aspectos reglamentarios y operativos necesarios para su aplicación. Por ahora, la herramienta existe en el papel, pero su funcionamiento concreto todavía debe completarse.