La ley que pone a los docentes correntinos como "primeros detectores": de qué se trata

Con el foco puesto en la protección de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno de Corrientes avanzó con una nueva instancia de formación destinada al personal educativo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el de Educación, organizó una jornada sobre la Ley Nacional 27.709 en el Auditorio Julián Zini, donde se subrayó el papel central que tienen las escuelas a la hora de advertir situaciones de riesgo.

La propuesta se enmarca en la normativa federal que exige una capacitación continua, permanente y obligatoria en derechos de la niñez. El objetivo es claro: entregar herramientas concretas para prevenir, detectar y saber cómo actuar frente a posibles vulneraciones, y consolidar a directivos, docentes, auxiliares y agentes estatales como actores activos de protección.

La actividad no quedó limitada al auditorio. También se desarrolló de manera virtual, lo que permitió que educadores de distintas localidades de la provincia se sumaran a la propuesta sin necesidad de trasladarse.

Quiénes estuvieron a cargo de la formación

El equipo de capacitación lo integraron la Dra. Mariana Mendiburu, abogada y asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Natalia Elena Godoy, licenciada en Ciencias Criminalísticas y Criminología; la Dra. Gabriela Sofía Gómez Álvarez, abogada; y la profesora Antonella Barrios.

Qué implica la Ley Lucio en las escuelas

Gómez Álvarez fue la encargada de explicar los alcances de la Ley Lucio, que establece la "capacitación federal obligatoria en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles del Estado". La formación se instrumenta mediante un convenio entre la cartera de Justicia y la de Educación de Corrientes, con la meta de alcanzar a todo el personal docente en el marco del Plan Federal y de la Ley 26.061 de Protección Integral.

Para la funcionaria, avanzar con esta política pública es "sumamente importante" para el Gobierno provincial. Su fundamento: la escuela es uno de los primeros organismos que está cerca de los chicos y, por eso, sus integrantes funcionan como "los primeros detectores" de posibles situaciones de vulnerabilidad.

En esa línea, puso el acento en la "corresponsabilidad" que fija la Ley 26.061 en materia de detección, protección y actuación. Esa responsabilidad, remarcó, "alcanza al Estado en todos sus niveles, incluidos los municipios, las comunidades pequeñas, los vecinos, a todos como sociedad", porque "no hay solo un Estado garante sino una comunidad obligada a actuar, detectar y acompañar".

El plan para extender la capacitación

La capacitadora anticipó que la intención es replicar la formación en otras áreas del Gobierno provincial y que las reparticiones públicas o privadas interesadas pueden pedirla al Ministerio de Justicia.

La Ley Lucio integra el programa "Construir Ciudadanía", que busca "acercar a la ciudadanía a conocer sus derechos y sus obligaciones". Gómez Álvarez recordó además que desde 2022 la Dirección de Protección de la Niñez (DIPNA) pasó a la órbita de Justicia como órgano de aplicación de la Ley 26.061, y consideró a la Ley Lucio como una de "las más relevantes" por involucrar a una "población muy sensible". También la ubicó entre las normas que el Ministerio cataloga "como prioridad", en sintonía con la propuesta del Gobierno de Corrientes de tener "un gobierno más cerca de sus ciudadanos".

La mirada de las docentes

Las participantes de la jornada valoraron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de contar con herramientas que les permitan reconocer posibles situaciones de vulneración de derechos y saber de qué manera actuar cuando se presentan.