La ley que iba a salvarlos y ahora los deja sin terapia: el duro testimonio de una referente entrerriana

Organizaciones de Entre Ríos reclaman que el Congreso extienda hasta diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad, mientras crecen las demoras en los pagos y los centros de día no logran cubrir sus costos. La referente de NeuroCEA, Amarú Méndez, advirtió que la situación es crítica y que las prestaciones están en riesgo.

Familias y entidades vinculadas a la discapacidad piden que el Congreso prorrogue la emergencia nacional dispuesta por la Ley 27.793. La iniciativa ya ingresó al Senado y empezó a debatirse. En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen para un proyecto alternativo que mantendría las pensiones en el 70% del haber mínimo y sumaría actualizaciones mensuales por inflación.

Un incremento que no alcanza

El Gobierno nacional oficializó en septiembre un aumento del 1,7% en el nomenclador, el sistema que fija los valores de las prestaciones para personas con discapacidad. Según el Ejecutivo, las actualizaciones siguen el Índice de Precios al Consumidor y abarcan rehabilitación, centros de día, educación terapéutica, formación laboral, apoyos, escolaridad y transporte.

Para Méndez, ese ajuste no compensa la pérdida acumulada. La referente estimó que los aranceles necesitarían una recomposición adicional cercana al 30% para recuperar capacidad de financiamiento. “Ni siquiera se está cumpliendo plenamente la ley de emergencia. El nomenclador subió apenas y, para que podamos estar nivelados, debería existir una actualización mayor de los aranceles profesionales”, sostuvo.

Pagos demorados y centros al límite

Méndez también alertó sobre los atrasos en los pagos a prestadores e instituciones. Según afirmó, algunos centros deben esperar alrededor de 90 días para cobrar por los servicios brindados. Mencionó demoras atribuidas a la Obra Social de Entre Ríos y al programa Incluir Salud, y aseguró que prestaciones realizadas en abril todavía no habían sido abonadas. Esas afirmaciones fueron expresadas por la entrevistada y no estuvieron acompañadas por una respuesta de los organismos señalados.

“Los centros de día están totalmente colapsados y las familias también. Hay instituciones donde los chicos realizan sus rehabilitaciones que no pueden mantenerse al día porque existen demoras importantes en los pagos”, explicó.

Familias que quedaron sin cobertura

La situación, añadió, también golpea a familias que perdieron sus empleos y, con ellos, la obra social. Esa demanda se trasladó al sistema público, que —según describió— ya funcionaba con dificultades para responder a todas las solicitudes.

Méndez recordó que las organizaciones habían recibido la aprobación de la emergencia con expectativas de mejora. Sin embargo, consideró que el panorama se agravó por el congelamiento previo de los aranceles, los ingresos insuficientes y el aumento de los costos. “Nosotros pensábamos que con esta ley íbamos a estar mejor y lamentablemente estamos cada vez peor. Los aranceles quedaron atrasados y los sueldos no alcanzan”, lamentó.

También señaló que muchas familias deben afrontar de manera particular prestaciones, tratamientos o traslados, aun cuando sus ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades cotidianas. “Esto ya supera una crisis, porque empieza a lastimar muchísimo a las familias y a todo el colectivo de discapacidad. Existe una desesperación total”, agregó.

El reclamo a los legisladores

Distintas asociaciones de Entre Ríos difundieron un comunicado conjunto dirigido a los representantes de la provincia en el Congreso. Luego de su publicación, otras entidades adhirieron al pronunciamiento. El documento les pidió a diputados y senadores que informen su postura, reciban a las organizaciones y acompañen una solución que asegure la continuidad de las prestaciones durante 2027.

“Queremos decirles a los legisladores que se reúnan con nosotros y nos escuchen, sin importar el partido político. La discapacidad no se fija a qué espacio pertenece cada persona”, expresó Méndez.

La referente afirmó que la problemática atraviesa directa o indirectamente a toda la sociedad y pidió que las decisiones parlamentarias contemplen la realidad cotidiana de quienes necesitan terapias, rehabilitación, transporte y acompañamiento permanente. “Necesitamos que no nos abandonen y que piensen en las personas con discapacidad. Hoy necesitamos más que nunca su acompañamiento porque esta situación ya es insostenible”, concluyó.