La Ley Malvinas de Caputo ya suma otro frente de rechazo: qué artículo preocupa a Clarín y a EE.UU.

El oficialismo había cantado victoria el jueves pasado en Diputados. Pero el envión duró poco: La Libertad Avanza debió suspender este lunes la comisión que iba a dictaminar el proyecto sobre las Islas Malvinas que el Presidente presentó por Cadena Nacional.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores volvió a quedar sin firmas suficientes. Ya había pasado lo mismo el miércoles anterior y esta vez ni siquiera estaba asegurado el quórum de los bloques aliados. Fuentes libertarias justificaron la postergación para el martes siguiente con un argumento: “falta de tiempo”.

Un texto que despertó resistencia en todos los frentes

El proyecto, redactado en el entorno de Santiago Caputo y empujado por esa ala del Gobierno, acumuló reparos entre los propios aliados parlamentarios y políticos del oficialismo. “Hubo presiones muy desprolijas desde Estados Unidos la semana pasada”, se quejó un legislador ante El Destape.

Desde entidades privadas de Estados Unidos dejaron trascender su malestar por el alcance del texto y su impacto sobre las empresas norteamericanas. Las objeciones a la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” también llegaron desde el Grupo Clarín y desde organizaciones cercanas, como ADEPA, la entidad empresarial de medios periodísticos. Cada sector cuestiona artículos distintos.

Qué mira Washington

Estados Unidos puso el foco en los párrafos que endurecen las sanciones contra las empresas que exploten recursos en las islas. La redacción, consideran, es demasiado laxa y podría complicar sus intereses.

Otro punto que encendió alarmas es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que le otorga al Ejecutivo múltiples facultades para usar las Fuerzas Armadas, clasificar a civiles como terroristas y definir qué se considera “infraestructura crítica” y requiere defensa militar.

En ese capítulo, el proyecto fija penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

ADEPA advirtió que algunos pasajes pueden ser objeto de “interpretaciones ambiguas” y generar “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. El artículo 111, en particular, tiene el rechazo del radicalismo y del PRO.

El malestar de Clarín y la respuesta de Caputo

El Grupo Clarín también transmitió su incomodidad. “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5G. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”, explicó una espada legislativa del oficialismo con diálogo habitual con el multimedios.

El punto no es menor: Clarín, a través de Telecom Argentina, utiliza tecnología de Huawei para conectividad y redes 5G en el país. Una eventual intervención del Gobierno sobre esa infraestructura tendría consecuencias directas.

“Clarín acá no miente: el texto no le cierra a ellos, ni a EEUU, ni a los aliados”, confió un legislador. El tema fue la noticia principal de la portada del domingo. Y el asesor estrella del Presidente salió a contestar: “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, tuiteó.

El plan que se empantanó

Después del éxito de Martín Menem y Diego Santilli para bloquear el quórum el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados se ilusionaba con sumar el tema a la mega sesión que el oficialismo convocó para este miércoles. El camino, en cambio, se complicó. Esta vez no todo marcha según el plan.