La ley de soberanía que el Gobierno quiere aprobar este mes ya tiene a los expertos en pie de guerra

El proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que el oficialismo busca convertir en ley antes de fin de mes quedó este miércoles en el centro de un nuevo round de exposiciones en Diputados, con un denominador común entre los invitados: el rechazo. La convocatoria la manejó la oposición, que llevó a la Cámara a organizaciones de excombatientes, exfuncionarios vinculados a Malvinas, académicos de seguridad y abogados especializados.

La cita de esta jornada tiene un peso extra: será la primera vez que una funcionaria de primera línea se sienta frente a los expositores. Se trata de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La expectativa del Gobierno es tratar el texto en el recinto el 21 de octubre.

Un texto con dos mitades bien distintas

El proyecto tiene 133 artículos y una particularidad que los propios expositores remarcaron: los primeros 41 endurecen las penas por actividades en territorio nacional, mientras que los 92 restantes apuntan a mecanismos de seguridad interior. Esa convivencia es la que generó el mayor rechazo.

Dos bloques opositores le anticiparon a este medio que evalúan una salida intermedia: que se repliquen únicamente las sanciones para quienes hagan exploración o explotación productiva en la zona de influencia argentina, y se separe el resto.

Los expositores también propusieron volver a poner en funciones el Consejo de Malvinas y abrir una Comisión Bicameral para tratar la causa. Advirtieron, además, sobre el conflicto de intereses de compañías que hoy operan en territorio nacional y pidieron revisar el acuerdo Mondino-Lammy, firmado en septiembre de 2024, que habilitó nuevas vías de conectividad y más concesiones logísticas y pesqueras.

Las voces del rechazo

El abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, Jerómino Guerrero Iraola, fue uno de los más duros: sostuvo que el proyecto busca "esconder la verdadera finalidad del Gobierno, que es perseguir las disidencia y la oposición política".

La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, apuntó contra la redacción de las figuras penales: "figuras penales laxas que pueden derivar en un estado de sospecha muy peligroso", con "sanciones anticipadas sin tener un procedimiento iniciado. [...] Es como usar las herramientas del Estado de sitio pero sin sus controles".

El doctor Luciano Anzelini puso el foco en el reparto de roles entre las fuerzas: "Se militariza la seguridad y se policializan las fuerzas armadas, y por lo tanto se desprofesiona".

Más tarde, el criminalista Pablo Testori Schroeder advirtió que "una ley ómnibus de esta envergadura dificulta un análisis profundo y responsable" y marcó una "pérdida de nitidez entre los conceptos de seguridad interior y defensa nacional".

El cierre más filoso llegó de Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina: "Esta es un arma muy poderosa y complicada. Los presidentes no autorizan a hundir los buques en tiempo de paz. Les recomendaría que lo revean".

Qué dice el proyecto

Entre los puntos centrales del texto oficialista aparecen:

Multas atadas al petróleo. Sanciones económicas severas sujetas al precio del barril, inhabilitaciones de 5 a 20 años y prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en territorio soberano.

Hasta 12 años de cárcel para quienes se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros y busquen "alterar procesos electorales", promover "actos de violencia" o "manipular la opinión pública".

Consejo de Seguridad Nacional. Se crea un organismo permanente con funciones judiciales y legislativas, encabezado por el Presidente.

RePET. Se reglamenta el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento, que puede incluir a alguien cuando existan "motivos razonables para sospechar". La UIF queda como órgano rector.

Prohibición para asesores extranjeros en campañas electorales.

El plenario de la semana pasada había terminado en clima tenso, atravesado por el fallo judicial que avaló el DNU 70/2023. Ahora el Gobierno redobla la apuesta con la mira puesta en el 21 de octubre.