La ley de discapacidad cambió, pero en Santa Fe ya miran el año que viene con miedo

El proyecto se aprobó con 237 votos y el sector lo celebró como un triunfo. Pero la referencia santafesina del área ya puso el foco en lo que viene: el ajuste previsto para 2027 y las leyes que, advirtió, después no se cumplen.

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La ley de discapacidad cambió, pero en Santa Fe ya miran el año que viene con miedo
La ley de discapacidad cambió, pero en Santa Fe ya miran el año que viene con miedo

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de discapacidad con una mayoría contundente y ahora el texto deberá pasar por el Senado. La votación fue 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, después de que el oficialismo aceptara modificaciones que reclamaban las organizaciones del sector.

En Santa Fe, la presidenta de Apridis —la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad—, Mariel Chapero, siguió el debate de cerca y celebró el resultado. “Hoy es un día de celebración, de celebrar la lucha y de poder reconocer que todo el trabajo incansable que hemos realizado ha dado sus frutos”, afirmó.

Qué cambió en el proyecto

Chapero explicó que las entidades venían cuestionando el texto original desde el primer momento. Su reclamo era doble: que se contemplaran los derechos de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, las necesidades de quienes prestan los servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento.

“Desde ese momento nosotros venimos sosteniendo una lucha incansable para interpelar los puntos que habían sido contemplados en ese proyecto, para solicitar, para exigir que no se legisle regresivamente en materia de derechos humanos”, sostuvo.

Según la referente, ese trabajo de presión dio resultados. “Gracias a ese trabajo de interpelación hemos logrado introducir varios cambios en ese proyecto de ley que resguardan los derechos de las personas con discapacidad, que contemplan las necesidades de las personas con discapacidad, que resguardan al sector prestacional”, señaló.

Los puntos centrales de la nueva norma

La iniciativa se llama “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Toma como base la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad que tenía hasta ahora.

Entre los puntos que conserva, el proyecto mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber mínimo— para titulares del CUD y el trabajo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

También ratifica el nomenclador único, la actualización automática de los aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud. Además, establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior.

El texto incorporó una cláusula transitoria que obliga a definir un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo Nacional la reglamente.

La advertencia: el presupuesto de 2027 y las leyes que no se cumplen

Pese al festejo, Chapero fue clara: la aprobación en Diputados no resuelve los problemas de fondo del sector. Su principal preocupación es el presupuesto previsto para 2027 y el riesgo de que los derechos reconocidos en la norma no se conviertan en respuestas concretas.

“Sabemos que toca un largo camino, sabemos que el presupuesto para el año que viene implica un gran ajuste y un gran recorte, sabemos que tenemos leyes que después no se cumplen”, advirtió.

En esa línea, cuestionó el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y de la ley de financiamiento universitario. Para la referente santafesina, el desafío no termina cuando se aprueba una ley: hacen falta recursos y decisiones políticas para aplicarla.

El financiamiento y las prestaciones fueron justamente los ejes que motorizaron los reclamos durante el debate legislativo. Con el proyecto ya en manos del Senado, las organizaciones deberán seguir de cerca el tratamiento y las condiciones que se definan para su implementación.

Aun con las advertencias, Chapero consideró que los cambios alcanzados representan un avance para las personas con discapacidad y sus familias. “Generar un camino que apunte a consensuar instrumentos legales que resguarden los derechos de nuestra población y garanticen mínimas condiciones para que las personas puedan tener una existencia digna es un gran paso”, afirmó.

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